El procurador de la Administración, Rigoberto González, sustentó este miércoles ante la comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, un informe que contiene un análisis sobre el Proyecto de Ley 514, que modifica un artículo del Código Procesal Penal para evitar la prescripción de los delitos contra la administración pública.
El funcionario señaló que “los delitos contra la administración pública tienen un impacto en la ciudadanía, ya que cuando una persona se apropia de fondos públicos incide en el desempeño de las instituciones en los proyectos de servicios y prestaciones sociales, ya que si estos fondos no existen, no hay el servicio eficaz, educación, acceso a la luz pública y diferentes obras, que afectan a toda a la sociedad”.
Considera que la modificación propuesta busca que, sin importar el tiempo que transcurra, aquella persona que haya cometido algún delito de corrupción o contra la administración pública, pueda ser investigada y de ser el caso, juzgado, es favorable y considera necesario que esta iniciativa se apruebe.
“Aseguró con esta adecuación jurídica se deja un mensaje claro y contundente de que aquella persona que llega a ocupar un cargo público, con el interés de servirse así mismo, tarde o temprano, de encontrarse pruebas y de establecerse su vinculación con el delito, tendrá que rendirle cuentas a la sociedad”, señaló González, según un comunicado del Órgano Legislativo.
Por su parte el fiscal de Circuito Edward Acevedo, en representación del Ministerio Público, indicó que para que esta entidad pueda combatir eficazmente las acciones del crimen organizado es necesario contar con una herramienta como la planteada en la propuesta, en la que se crea la jurisdicción especial de extinción de dominio, ya que las legislaciones vigentes solo permiten aprehender pequeñas porciones de dineros y bienes producto de actividades ilícitas.
FUENTE: Nimay González