Ricardo Richards

La audiencia de fondo contra los exsecretarios del Consejo Nacional de Seguridad, Alejando Garúz y Gustavo Pérez en la investigación del caso de las interceptaciones de comunicaciones durante la pasada administración, fue pospuesta para el 5 de marzo.

Ricaurte González, fiscal superior, indicó que la suspensión se debe a la no comparecencia de Pérez, y explicó que el procedimiento establece que todos los procesados deben estar presentes en el acto debido a que se les pregunta cómo se declaran.

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González indicó que el pasado viernes el abogado sustituto de Pérez presentó una solicitud de que la audiencia se practique en su fecha alterna, aludiendo a que tienen pendiente la presentación de pruebas, sin embargo el juez del Juzgado Décimosexto de lo Penal, Enrique Pérez les señaló que por tratarse de pruebas extraordinarias deben ser presentadas en el acto.

Ante su no comparecencia el juez Pérez multó a Rosaria Correa, abogada principal y a Gustavo Pereira, abogado sustituto, del exfuncinario por el monto de B/.100.00 por "actitud reticente" de ambos al dilatar el proceso, al poner en desventaja al coimputado Alejandro Garúz, quien sí asistió al salón de audiencias del Segundo Tribunal Superior de Justicia, y a los querellantes.

Además de los exsecretarios del Consejo de Seguridad también deben participar dos exfuncionarios de la entidad implicados en el caso, pero de los cuales se desconoce su paradero.

La audiencia se desarrollará luego que la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada culminara la vista fiscal en el proceso contra los exfuncionarios por el delito contra la inviolabilidad del secreto.

Por la querella, al acto de audiencia, comparecieron Balbina Herrera, y su abogado Rosendo Rivera; Mitchell Doens, quien asume su propia representación; Jonny Yangüez, y el representante de la firma forense Vega y Álvarez; José Bethancourt, representante de Rolando Lozano; y Rubén Polanco, quien asistió sin su defensa.

De acuerdo con el Ministerio Público a través de la investigación que culminó con la vista fiscal se estableció que hubo un perjuicio a múltiples ciudadanos, ente periodistas, políticos, sindicalistas empresarios, abogados, diputados candidatos presidenciales diplomáticos y funcionarios, a quienes se les efectuaron escuchas telefónicas y accesos a sus correos electrónicos no autorizados legalmente.

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