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Rechazo masivo a "camarón legislativo" que deroga contrato entre el Estado y Puerto PSA

La derogación del contrato entre el Estado panameño y el Puerto PSA Panama Internacional Terminal, S.A. ha causado el rechazo de un gran número de personas tanto del Gobierno como del sector empresarial y la sociedad civil.

A través del recién aprobado proyecto de Ley 53, específicamente en el artículo 6 del documento se establece la derogación de la Ley 2 de 10 de febrero de 2015, en la cual se aprueba el contrato suscrito el 28 de octubre de 2014.

Las redes sociales estallaron con comentarios de personas que utilizaron sus cuentas personales para manifestar su indignación ante el llamado "camarón legislativo" adicionado en el proyecto por parte del diputado Roberto Ayala, del Partido Revolucionario Democrático.

El mandatario de la República, Juan Carlos Varela dijo que la cancelación del contrato de Ley 2 de 10 de febrero de 2015 para la construcción y operación de una terminal de contenedores en Rodman atenta contra la seguridad jurídica.

A través de la red social Twitter, el jefe de Estado señaló "revocar un contrato ley después de 3 años de vigencia que conllevó una inversión extranjera de B/.800 millones y la generación de miles de empleos es atentar contra la seguridad jurídica y económica del país".

En ese mismo sentido se pronunciaron otros miembros del Órgano Ejecutivo como el ministro del Trabajo Luis Ernesto Carles quien lamentó lo sucedido, debido a que el puerto se encuentra en fase de expansión y fortalece la competitividad del país, y asegura que estas acciones irresponsables afectan las inversiones y la generación de empleos. Mientras que el ministro de Economía y Finanzas Dulcidio De La Guardia dijo que solicitará el veto del proyecto de ley.

Por parte del sector empresarial también reaccionó el presidente de Consejo Nacional de Empresas Privadas, Severo Sousa y señaló que la derogación del contrato "manda un mensaje negativo a inversionistas y trabajadores, sin explicación alguna. Un exabrupto legislativo que no mide consecuencias y fuerza al Ejecutivo a vetarla".

El abogado Ernesto Cedeño aseguró que la acción es inconstitucional ya que no se puede introducir en segundo debate temas que no fueron avalados, además atenta contra la seguridad jurídica.

"Mala impresión están dando a la ciudadanía con instrumentos que violan la constitución y dañan la imagen del país", manifestó.

La Asamblea Nacional (AN) aprobó la inclusión del artículo que deroga el contrato ley para la construcción y operación de una terminal de contenedores en Rodman en un proyecto de ley que prohíbe la apertura de empresas y venta de licor en zonas residenciales.

Esta adición fue realizada por Ayala durante la discución de la iniciativa legislativa en segundo debate y luego solicitó que se omitiera la lectura en tercer debate de la parte dispositiva del proyecto de ley, por lo que se procedió a su aprobación de inmediato.

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