Panamá Nacionales -  30 de junio 2018 - 13:15hs

Panamá aumenta esfuerzos contra la trata de personas pero aún no cumple estándares mínimos

Panamá ha incrementado sus esfuerzos para la eliminación del tráfico de personas, sin embargo aún no cumple con los estándares mínimos establecidos en la Ley de Protección de Víctimas de la Trata (TVPA).

Según lo revela el Departamento de Estado de los Estados Unidos en el informe de Trata de Personas 2018 , el gobierno de Panamá no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación del tráfico de personas, por lo cual se mantiene en el nivel 2, misma posición del informe anterior.

Sin embargo resalta que el país está haciendo esfuerzos significativos en esa vía, tales como la implementación del Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2022; la implementación de leyes para la penalización de este delito; así como el desarrollo de la campaña nacional contra la trata de personas.

Señala que durante la elaboración del informe, “las autoridades iniciaron 18 investigaciones de tráfico involucrando 17 sospechosos, en comparación con siete investigaciones de tráfico sexual involucrando a 13 sospechosos en 2016. El gobierno procesó 24 sospechosos bajo la ley de tráfico, en comparación con 13 en 2016. Las autoridades condenaron a siete traficantes: cuatro traficantes sexuales y tres traficantes de mano de obra, en comparación con dos traficantes de 2016”.

Por otro lado, el documento señala que Panamá no cumplió con los estándares mínimos en áreas claves, tales como la identificación y protección de las víctimas, señalando durante la elaboración del documento, el Gobierno no tenía procedimientos sistemáticos para identificar proactivamente a las víctimas entre algunas poblaciones vulnerables, tales como personas en prostitución y migrantes indocumentados en detención; tampoco asigna suficientes recursos para la atención de las víctimas.

“La ley contra la trata de personas prevé residencia legal temporal o repatriación para víctimas extranjeras, pero el gobierno no brindó tales beneficios a ninguna víctima durante el período del informe”, indica.

Por otro lado, el documento señala una serie de recomendaciones al Gobierno de Panamá, tales como aumentar de manera significativa los fondos para servicios especializados para víctimas; intensificar la aplicación de la ley para investigar y enjuiciar proactivamente los delitos de tráfico laboral y trata de niños, incluidos los casos de víctimas panameñas explotadas; implementar protocolos estandarizados para la identificación de víctimas, incluyendo detección proactiva de poblaciones vulnerables como los migrantes.

Asimismo recomienda implementar servicios especializados a disposición de las víctimas masculinas; implementar un plan de acción nacional contra la trata de personas; y eliminar la disparidad en las penas entre la ley de tráfico de personas y otras leyes que penalizan los delitos de tráfico sexual, como explotación sexual comercial de niños.

FUENTE: Nimay González