Vista de balcones antiguos de la ciudad de Panamá

EFE

El cosecretario de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), el panameño Elías Castillo, pidió al Parlamento Europeo (PE) que gestione la exclusión de Panamá de una nueva lista de la Comisión Europea (CE) de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo.

En una carta enviada a David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, Castillo expresó el "alto grado de preocupación y sorpresa" con que se recibió la decisión tomada por la CE el 7 de mayo pasado, de meter a Panamá en dicha lista, "en un momento en que el mundo confronta la más grave crisis de nuestros tiempos" con la pandemia del COVID-19.

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"Nos parece un acto de gran carencia de solidaridad y empatía entre pueblos, que están dedicando todos sus esfuerzos, humanos y financieros, a la protección de las vidas y necesidades básicas de nuestros conciudadanos", indicó Castillo, señaló un comunicado del Parlamento Latinoamericano y del Caribe (Parlatino), del que es miembro.

Castillo advirtió sobre "el terrible impacto que esta medida, encaminada a impactar negativamente los sistemas financieros, causan a la imagen y a la posible capacidad o eficiencia de captar fuentes de financiamiento, en este momento en que todos los países del mundo requieren de ese acceso para salvar vidas y sus economías".

El parlamentario destacó que su país ha hecho un esfuerzo constante y con resultados visibles y concretos en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo", y dijo que es "inaceptable" que esto se haya dado "en un momento tan negro en la historia de la humanidad" y sin tomar en cuenta esos avances.

Como ex CoPresidente del Eurolat y actual CoSecretario del mismo estamento, Castillo instó al PE a "detener la implementación de una norma que no se compagina con nuestra responsabilidad como parlamentarios, ni con la agenda que, en forma individual y conjunta, llevamos adelante en nuestros parlamentos y países".

También el senador chileno Jorge Pizarro, copresidente del EuroLat y presidente del Parlatino, se pronunció a través de una declaración para instar al Consejo de Ministros y el Parlamento de la Unión Europea a fin que objeten dicha lista restrictiva, informó el foro político regional.

Pizarro reiteró en ese sentido los términos de la declaración de los Copresidentes de EuroLat sobre la pandemia de Covid-19 del 30 de marzo de 2020, donde se hizo un llamado a la comunidad internacional para excluir medidas restrictivas o punitivas para los países.

En razón de ello, Pizarro hace un llamado a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a los miembros institucionales del Parlatino a solidarizarse con los países de América Latina y el Caribe que aparecen en esta lista de la CE, la cual fue emitida en medio de la emergencia sanitaria mundial.

Además de Panamá y Nicaragua, la CE añadió al listado a Bahamas, Barbados, Botsuana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar y Zimbabue.

Panamá ya había sido incorporado en febrero pasado en una lista del Ejecutivo comunitario de países que podían facilitar el blanqueo y la financiación del terrorismo, pero los estados miembros de la Unión Europea (UE) la rechazaron al considerar que su elaboración no fue transparente y no se mantuvo la suficiente comunicación con las naciones incluidas.

Al igual que en febrero pasado, el Ejecutivo del presidente panameño, Laurentino Cortizo, criticó que el país ha sido incluido en el nuevo listado en base a una evaluación hecha entre 2017 y 2018 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un ente que agregó a Panamá en junio de 2019 a su lista gris.

La nueva lista de la CE implica la aplicación de sanciones, restricciones en las relaciones comerciales o imposibilidad de acceder a las ayudas al desarrollo, aunque se pide a los bancos y otras instituciones financieras que tomen precauciones adicionales al realizar transacciones con los países incluidos.

El listado se enviará ahora a la Eurocámara y el Consejo de la UE (los países) para que la aprueben en el plazo de un mes, aunque es posible una extensión de otro mes más.

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