Panamá cumple su sexto mes de pandemia con apertura cauta de la economía

EFE

Las supuestas compras irregulares de equipos médicos, las violaciones de la cuarentena por parte de funcionarios y el gasto público visto como superfluo pese a la crisis social derivada de la pandemia alimentan una sensación de corrupción e impunidad en Panamá que golpea la imagen del Gobierno, dijeron a EFE analistas.

La "falta de transparencia y gobernabilidad" aunado a la histórica "debilidad institucional" son los principales creadores de esta sensación de "impunidad y corrupción" por la que los ciudadano ya protestan, especialmente a través de las redes sociales y medios de comunicación.

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UN MODUS OPERANDI "REPETITIVO Y CANSÓN"

La Fiscalía mantiene casi una decena de investigaciones, abiertas tras denuncias de la prensa local, por supuestas irregularidades en las compras estatales de emergencia durante la pandemia de la COVID-19 en Panamá, que ya rebasa los 100,000 casos y acumula 2,140 defunciones. De ninguna se sabe su curso.

Entre los más recientes escándalos está la supuesta compra de 53 ventiladores mecánicos "viejos y en mal estado" para pacientes críticos de la COVID-19, con coste de 2.3 millones de dólares.

En Panamá "tenemos un modus operandi repetitivo y cansón: se da un escándalo, hay una investigación de distinto tipo y poca conclusión. Eso va generando un peligro enorme de falta de credibilidad de las instituciones y de gobernabilidad", dijo a EFE el presidente de Transparencia Internacional (TI) Capítulo de Panamá, Carlos Barsallo.

La "impunidad es algo que se mide objetivamente, se tienen responsabilidades civiles, administrativas y penales (...) si uno ve que nada termina en algo concreto, tiene razones para pensar que se da impunidad. en el sentido de que no se responde por supuestas faltas o delitos", agregó Barsallo.

Para la ex fiscal general panameña y excandidata presidencial independiente Ana Matilde Gómez la pandemia ha dejado de manifiesto la "debilidad institucional" de Panamá, según declaró a EFE.

"Además, hay funcionarios con falta de sentido de oportunidad y de sensibilidad porque tratan de hacerse los 'vivos', y lamentablemente empañan aún más la imagen de discrecionalidad, manipulación y de malos manejos que yace siempre sobre la administración pública", valoró Gómez.

AUMENTAN LOS CASOS Y LAS DUDAS

El primer caso de presunta corrupción en las compras estatales estalló en abril pasado con la compra, finalmente frustrada, de 100 ventiladores con costo unitario de 48.950 dólares.

Fue "todo un escándalo" y no solo por la cifra monetaria sino porque el responsable de la transacción fue el Ministerio de la Presidencia, dirigido José Gabriel Carrizo, quien además es el vicepresidente del país y el hombre de mayor confianza de Cortizo, quien al día de hoy le mantiene un total respaldo.

Por ese caso dimitió el entonces viceministro de la Presidencia Juan Carlos Muñoz, aunque Barsallo recordó que "las renuncias no son una sanción, porque no es lo mismo" salir de cargo "que ser investigado".

Ahora lo que "hace ruido" es el alquiler de unos 251 autos para funcionarios públicos por 10,3 millones de dólares. Entre las muchas preguntas que se hace la sociedad en las redes sociales está qué uso se le da esos bienes, sobre todo cuando en carros oficiales se han movilizado funcionarios y sus familiares para hacer fiestas durante la cuarentena, lo que está prohibido.

Frente a las denuncias de presunta corrupción, Barsallo destaca el actuar "extremadamente lento" de la Justicia en Panamá: la Fiscalía solo investiga y "no decide", lo que sí hacen los juzgados, pero ambos actores van a sus propio ritmo y marcan "demora".

Para la exfiscal general "definitivamente cuando hay una actuación y la justicia no hace su parte oportuna y eficientemente, para que pueda saberse rápidamente si en efecto hubo afectación al cosa pública, lo que hace es aumentar más las dudas y las suspicacias".

El presidente Cortizo, quien lleva poco más de un año en el poder, pide que se le presenten "pruebas" de cada denuncia que involucre a sus funcionarios en supuestas irregularidades.

"Creo que el Presidente solo escucha a un grupo de personas y debería escuchar también a otros actores que no tengan conflictos de interés. Así, considero, que tomaría mejores decisiones, si escuchase a otros círculos", opinó Gómez.

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