El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo sancionó este lunes 8 de marzo, en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, la Ley N° 202, sobre la violencia contra la mujer, y referente a la prevención de actos discriminatorios, y en la cual se tipifica la violencia política como discriminación en el acceso a oportunidades para ocupar cargos o puestos públicos.
La Ley 202, señala como violencia política las limitaciones a recursos, y el acceso a puestos de elección popular o posiciones relevantes en los partidos políticos.
Dicha ley modifica la Ley N° 82 de 2013 sobre medidas de prevención contra la violencia en las mujeres, y la Ley 7 de 2018 , que adopta medidas para prevenir, prohibir y sancionar actos discriminatorios.
La norma establece que las mujeres, en especial las que son víctimas de alguna forma de violencia, tienen derecho a obtener de parte de sus empleadores, los permisos para recibir tratamientos o dar seguimiento a los procesos judiciales sin afectar sus derechos laborales.
También, todas aquellas acciones y omisiones, sustentadas en el tema de género y en el ejercicio de los derechos políticos, cuyo objetivo sea menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de estos derechos y las prerrogativas relacionadas con un cargo público.
La Ley establece que la violencia puede tener lugar en la esfera política, económica, social, cultural, civil, dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación internacional, en la comunidad, en un partido o institución política. “Es decir, incluye el ámbito público y privado”.
De acuerdo al documento, la violencia política puede ser perpetrada por cualquier persona o grupo de persona, incluyendo agentes del Estado, colegas de trabajo, tales como superiores jerárquicos y subordinados, partidos políticos o sus representantes, medios de comunicación y en general cualquier persona o grupo de persona.
También establece el procedimiento para invetigar y resolver los casos de hostigamientos, acoso sexual o motal, racismo y sexismo será expdito, efectivo y conidefencial y en ningún caso podrá exceder el palzo de tres mese, contando a partir de la interposisciíon de la denuncia.
La Ley comenzará a regir a partir de su promulgación, y lleva la firma del presidente de la República, Laurentino Cortizo y de la ministra de Gobierno Janaina Tewaney Mencomo.