El Tribunal de Cuentas ordenó la cautelación de bienes a la exministra de Educación, Lucy Molinar, y al exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Giacomo Tamburrelli, ambos investigados por la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público, por supuesto peculado y corrupción.
La acción se da luego de que la Contraloría General de la República emitiera un informe sobre una lesión patrimonial en un contrato del PAN, lo que llevó a la Fiscalía de Cuentas a realizar la solicitud al Tribunal.
El pasado martes 24 de febrero, la Fiscalía de Cuentas inició investigaciones por la posible lesión patrimonial en la compra de comida deshidratada para escuelas oficiales por parte del PAN para el Ministerio de Educación, esto durante la administración del presidente Ricardo Martinelli. La investigación de la Fiscalía se basa en el informe de Contraloría que tenía como objetivo analizar la información acerca de aspectos administrativos, legales y procedimientos utilizados en el proyecto No. 4890 relacionados con la adquisición de alimentos deshidratados para escuelas oficiales, contrato realizado entre el PAN y la empresa Lerkshore International Limited, entre el 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2011.
El informe reveló que no hubo estudios de factibilidad que avalaran la conveniencia económica y técnica del proyecto para la adquisición de los alimentos, también un trámite de los registros de alimentos de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos con fecha posterior al acto público, pago de viáticos sin justificación, inconsistencia de los viajes realizados por el jefe de nutrición del PAN, entre otras anomalías.
También el informe revela que hubo inconsistencias entre las actas de inspección y entrega de los alimentos deshidratados, falta de fiscalización y evaluación de la ejecución del proyecto por parte del Consejo Directivo del PAN, falta de monitoreo contínuo y periódico en la oficina de Auditoría Interna, entrega de alimentos deshidratados a personas que no eran las estipuladas en el contrato y ausencia de documentos relacionados a esto.
Cabe señalar que la Fiscalía de Cuentas solicitó a la Contraloría el informe tras una denuncia ciudadana presentada el pasado 30 de diciembre del 2014.
