La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), instó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a que cumpla con su deber constitucional e inicie una investigación de las irregularidades reveladas sobre donaciones, subsidios y contratos por servicios profesionales.
A través de un comunicado, Apede señaló que de "comprobarse la veracidad de los mismos y la identidad de sus perpetradores, las autoridades competentes deben deslindar de una vez por todas las responsabilidades correspondientes y sancionar ejemplarmente tanto a funcionarios públicos como a particulares, en estricto apego a la ley".
La Apede considera que “no es legal ni moralmente procedente”, que las investigaciones de los hechos supuestamente ilícitos sean adelantadas por una comisión designada por la propia Asamblea Nacional y compuesta por miembros de dicho Órgano del Estado.
"Es evidente que los integrantes de dicha comisión Yanibel Ábrego (Cambio Democrático), Juan Carlos Arango (Partido Popular) y Leandro Ávila del (Partido Revolucionario Democrático) estarían frente a un claro conflicto de intereses", manifestó el comunicado.
Por lo tanto, el gremio hace un llamado a la "conciencia del electorado nacional para que contribuyan con su voto responsable a erradicar este tipo de prácticas que conllevan al pernicioso clientelismo político".
Desde tempranas horas de este lunes, un equipo de 7 contadores públicos autorizados de la Contraloría General de la República inició las auditorías a las donaciones y contratos por servicios profesionales realizados en la Asamblea Nacional, desde el 1 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2016.
FUENTE: Odalis Núñez