El Ministerio Público (MP) comunicó este domingo que sigue a la espera de una autorización judicial para reabrir la investigación por las irregularidades detectadas en el manejo de recursos a través de las juntas comunales, y sobre las que el contralor Federico Humbert aportó un informe de 186 auditorías al MP, a finales del mes de febrero.
"Hoy 8 de julio del año 2018 reitero al país que luego de esa solicitud de reapertura presentada por el fiscal Mojica el pasado 12 de marzo aún no se tiene respuesta, lo que significa que el Ministerio Público no ha podido reabrir sus investigaciones por el caso conocido como juntas comunales", expresó la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell en un video institucional.
Este paso al que tildan de "paralizado" en una infografía difundida hoy, está en manos del juez Enrique Paniza del Juzgado 5to., quien a su vez solicitó en marzo a la Sala Segunda Penal que resuelva un conflicto de competencia en este proceso.
De acuerdo con el Ministerio Público, esta investigación se inició el 13 de junio de 2014, para el 30 de enero solicitaron al Juzgado 5to el sobreseimiento provisional hasta recibir las auditorías de la Contraloría, informes que fueron presentados por Humbert la noche del 27 de febrero en una conferencia de prensa. Por último, el 12 de marzo, el Ministerio Público solicitó la reapertura de la investigación al existir nuevas pruebas.
El informe de la Contraloría arrojó el uso de un total de B/.247,534,612.93 dirigidos a supuestas ayudas comunitarias y actividades deportivas. Y que estos recursos fueron manejados por 70 diputados durante el pasado quinquenio, sin embargo esto lo hicieron a través de partidas autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a 186 juntas comunales y Municipios a nivel nacional.
En todo momento, Humbert se refirió ese día a los fines de estos traslados de dinero como "supuestas ayudas", porque aseguró que quedan dudas sobre los manejos de estos fondos públicos
"Encontramos facturas falsas, documentos alterados, encontramos muchas cosas que dan qué decir de la forma en la que tiene que trabajar un funcionario público", afirmó Humbert, y agregó que en al menos 20 millones de dólares no existía documento alguno que sustentara, solamente cheques. "Encontramos 50 millones de dólares de transacciones que no tenían factura fiscal", explicó el contralor en su informe.
FUENTE: Irma Rodríguez Reyes
