Panamá Nacionales -  17 de marzo 2021 - 11:59hs

Gómez busca dejar en evidencia su caso, espera que "nunca más un juez sentencie por capricho"

La exprocuradora general de la Nación, Ana Matilde Gomez, explicó qué es lo espera en el caso contra el Estado de Panamá llevado ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), tras alegar que fue separada de su cargo de Procuradora General mediante un proceso que violó sus garantías.

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“Muy fundamental para mí es que quede en evidencia lo que pasó y nunca más haya un juez que se atreva a cumplir el capricho de un presidente y lo convierta en sentencia”, acotó.

Agregó que espera una disculpa pública, que el Estado panameño reconozca su responsabilidad, y se fije una compensación por el daño material e inmaterial. También, que se elimine el récord policivo que la acompaña desde hace 11 años “como si hubiera cometido un delito”, dijo.

Esto luego que la CIDH realizó este martes la audiencia pública del caso de la exprocuradora contra el Estado panameño por un proceso que desarrolló en su contra la Corte Suprema de Justicia, que según afirma Gómez violó sus garantías judiciales, producto del cual fue “arbitrariamente” separada de sus funciones.

En el 2010 la Corte emitió un fallo con  5 votos a favor y 4 salvamentos, por la supuesta extralimitación de funciones en perjuicio del exfiscal Arquimedes Sáez.

Esto luego de aprobar una intervención telefónica con fines investigativos a las líneas telefónicas de un tercero, quien denunció que el exfiscal Sáez “le solicitaba sumas de dinero” para beneficiar a una persona en una investigación.

Tras esto, Gómez fue condenada a seis meses de prisión, que fueron reemplazados por 40 días multa (B/.4 mil), y 48 meses de inhabilitación para ejercer funciones públicas, definiéndose así su separación definitiva del cargo.

El Pleno de la Corte tomó esta decisión con el voto favorable de cinco magistrados: Wilfredo Sáenz, Alberto Cigarruista, Alejandro Moncada Luna, Winston Spadafora y Aníbal Salas. Hubo cuatro votos en contra.

Tras la audiencia, en la que participaron representantes de la CIDH y de la Cancillería de Panamá, ambas partes acordaron iniciar un proceso de solución amistosa del caso con acompañamiento de la CIDH.

La Comisión dio un plazo de 10 días al Estado para que por escrito de una respuesta con su postura y una hoja de ruta a los pedidos realizados por Gómez. 

“Si no se da, vendrá el informe de fondo e iremos a la Corte a debatirlo, y que el Estado no piense que tendré la misma postura”, sostuvo Gómez.

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