El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes 11 de enero en tercer debate el proyecto de Ley 567, que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, y dicta otras disposiciones.
Una vez aprobada, al Órgano Ejecutivo le corresponde sancionar y reglamentar esta ley que busca garantizar los derechos humanos de los menores y adolescentes de recibir atención emocional, de salud, social, educación, seguridad, entre otras, lo cual estará bajo una supervisión de más de 15 entidades públicas, cuya responsabilidad rectora corresponde al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), con la contribución de la sociedad y del sector privado.
“Este proyecto de ley busca la creación de un sistema articulado de protección de la niñez y adolescencia que permita abordar los problemas de esta población desde la prevención, con la participación de la familia y la comunidad como entes corresponsables en la construcción de soluciones, desarrollar una red de apoyo para la familia de forma tal que se fortaleza y se potencien sus capacidades para el cuidado y buen trato de los niños, niñas y adolescentes, asegurar que todos cuenten con los servicios y programas necesarios para su educación, nutrición, salud, protección, participación y desarrollo pleno”, resaltó la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo.
Entre los aspectos contemplados en esta iniciativa de ley, se encuentran los siguientes:
- Se establece que, sin distinción alguna, tendrán derecho a una protección especializada ante cualquier violación o amenaza de su integridad física, psíquica, psicológica y moral que atente contra su desarrollo pleno.
- Cuando los niños, niñas y adolescentes sean víctimas de toda forma de abuso o explotación sexual, será deber del Estado asegurar la prestación de servicios médicos especializados, por medio de profesionales capacitados, fundamentalmente dedicados a la atención preventiva, curativa y de recuperación.
- Garantiza el derecho a ejercer su libertad de expresión en todos los ámbitos de la vida cotidiana, principalmente en la familia, comunidad y la escuela, y también como usuarios de todos los servicios públicos.
- Tipifica que es un deber y obligación absoluta de todas las personas, comunicar por cualquier medio, en un término no mayor de veinticuatro horas, la amenaza o violación de los derechos de niños, niñas o adolescentes y de suministrar a las autoridades datos que permitan ubicarlos, sin que sea necesaria la identificación del informante.
Varias de las diputadas manifestaron queestá ley es una deuda pendiente, y la misma recoge todas les leyes, convenios y tratados que establece verdaderamente una protección integral al menor.