El Órgano Judicial informó que ya se emitieron las primeras sentencias de fondo en las demandas por el caso de intoxicación con dietilenglicol, determinando la responsabilidad del Estado panameño, a través de la Caja de Seguro Social (CSS).
Dietilenglicol: Condenan al Estado a pagar indemnización
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La decisión fue adoptada por la Corte Suprema de Justicia, que concluyó que sí existió una falla en el servicio público, al comprobarse la distribución de medicamentos contaminados.
Como resultado:
- Se ordenó el pago de 25,000 dólares a cada una de tres víctimas
- Se reconoció el daño moral, aunque no se acreditaron completamente los daños materiales
Las víctimas beneficiadas en esta primera sentencia son:
- Juan Antonio Cisneros Morán
- Yackeline del Carmen Reyes Anderson
- Cindy del Carmen Guillén Casiano
Avance de los procesos judiciales
La magistrada María Cristina Chen Stanziola detalló que, hasta marzo de 2026:
- 387 procesos (82%) han llegado a etapa de fondo
- 65 casos están en apelación
- Otros se encuentran en fase de pruebas, alegatos o trámites pendientes
Disculpas públicas como medida de reparación
Además de la indemnización económica, el fallo ordena a la CSS:
- Emitir disculpas públicas a las víctimas
- Publicarlas en su sitio web institucional
Estas medidas buscan reconocer el impacto del caso en los afectados.
Reclamos millonarios vs. fallo judicial
En las demandas, los afectados solicitaban hasta 6 millones de dólares por daños materiales y morales.
Sin embargo, el tribunal determinó que:
- No había pruebas suficientes para sustentar el monto total reclamado
- Sí correspondía una compensación por el daño moral sufrido
Indemnización independiente de otros beneficios
El fallo deja claro que estos pagos:
- Son independientes de pensiones o ayudas económicas previas
- No afectan otros beneficios otorgados por el Estado
El caso del dietilenglicol dejó cientos de víctimas en el país y generó cuestionamientos sobre los controles en la producción de medicamentos.
El Órgano Judicial reiteró que cada expediente se evalúa de forma individual para garantizar justicia a los afectados.