El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial de Panamá confirmó gran parte de la sentencia emitida dentro de un proceso por el delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, relacionado con fondos del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).
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Tribunal rechaza apelación y nulidades
De acuerdo con la resolución judicial, los magistrados determinaron que no procedía la apelación presentada por la defensa y negaron los incidentes de nulidad que buscaban dejar sin efecto actuaciones procesales dentro del expediente.
Con esta decisión, el tribunal mantuvo la validez del proceso y de las condenas previamente emitidas por el juzgado de primera instancia.
Modifican situación jurídica de dos procesados
En la misma resolución, el Tribunal Superior reformó la situación jurídica de dos ciudadanos involucrados en el caso.
Los magistrados los absolvieron del delito de asociación ilícita para delinquir, contemplado en el artículo 329 del Código Penal, pero los declararon responsables como autores del delito de blanqueo de capitales.
Como consecuencia, se les impuso una pena líquida de 100 meses de prisión a cada uno.
Confirman sentencia emitida en 2025
El tribunal también confirmó en todos sus demás aspectos la sentencia mixta n.° 1 del 6 de febrero de 2025, emitida por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá.
Además de las penas de prisión, la decisión mantiene como sanción accesoria la inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo período de tiempo una vez cumplida la pena principal.
Investigación inició en 2014
La investigación relacionada con este caso comenzó el 13 de noviembre de 2014.
Según consta en el expediente, el delito precedente que dio origen al proceso por blanqueo de capitales fue el de peculado en perjuicio del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Las autoridades judiciales han sostenido que el caso forma parte de las investigaciones desarrolladas sobre el manejo de fondos públicos administrados por dicha entidad estatal.
Con esta decisión de segunda instancia, el proceso avanza dentro de la jurisdicción de liquidación de causas penales, manteniéndose vigentes las condenas impuestas por el tribunal de primera instancia, salvo las modificaciones específicas adoptadas respecto a dos de los procesados.