El Ejecutivo presentó ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley 10-26, que plantea modificaciones al Texto Único de la Ley 6 del 3 de febrero de 1997, marco regulatorio del servicio público de luz eléctrica.
¿La propuesta podría subir o bajar el precio de la luz?
El proyecto presentado por el Ejecutivo no establece directamente un aumento o una reducción de la tarifa eléctrica. Su objetivo principal es modificar las reglas que regulan el servicio, fortalecer la fiscalización y establecer mecanismos de protección para los usuarios.
Esto ocurre en un momento en que ya están vigentes nuevos pliegos tarifarios para el período 2026-2030. La ASEP informó que, con los aportes estatales mediante el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) y el Fondo Tarifario de Occidente (FTO), aproximadamente el 83% de los clientes no tendrá un incremento tarifario derivado del ajuste entre septiembre y diciembre de 2026.
Por ello, cualquier eventual cambio en la factura eléctrica debe diferenciarse de las modificaciones regulatorias que plantea el Proyecto de Ley 10-26.
¿Qué propone el proyecto para los consumidores?
Entre los principales cambios planteados por el Ejecutivo están:
- Modificar los plazos para la atención de reclamos presentados por los usuarios.
- Establecer créditos a favor de los consumidores cuando las empresas distribuidoras incumplan las normas de calidad del servicio.
- Fortalecer la supervisión y fiscalización por parte de la autoridad reguladora.
- Reforzar los derechos de los usuarios y las obligaciones de las empresas distribuidoras.
- Mejorar la transparencia de la información que reciben los clientes.
- Establecer mecanismos para que las multas impuestas a las empresas se hagan efectivas y los recursos lleguen al cliente afectado.
¿Qué pasa con los apagones y fluctuaciones de voltaje?
El Ejecutivo sostiene que la reforma responde, entre otros aspectos, a las constantes interrupciones del servicio y fluctuaciones de voltaje que han afectado a usuarios y provocado daños en equipos y electrodomésticos.
La propuesta busca reforzar las reglas relacionadas con la calidad y continuidad del suministro, con herramientas para prevenir, fiscalizar y responder ante las interrupciones del servicio.
De aprobarse, estas disposiciones podrían fortalecer las herramientas que tienen los consumidores para reclamar ante incumplimientos de las empresas distribuidoras.
¿Habrá más competencia en el mercado eléctrico?
Otro de los objetivos del proyecto es preparar las condiciones para una mayor competencia de cara a la renovación de las concesiones de distribución eléctrica prevista para 2028.
La iniciativa también plantea cambios relacionados con el acceso al servicio eléctrico en zonas de difícil cobertura, incorporando la participación de las empresas distribuidoras en la labor de la Oficina de Electrificación Rural (OER).
El propósito es facilitar la llegada del servicio a comunidades donde extender la infraestructura resulta más complejo y costoso.
¿En qué etapa está el Proyecto de Ley 10-26?
El proyecto fue aprobado por el Consejo de Gabinete el 16 de junio de 2026 y posteriormente presentado ante la Asamblea Nacional. Por tratarse de una iniciativa legislativa, sus disposiciones todavía no constituyen nuevas reglas vigentes para los consumidores.
La propuesta deberá continuar su trámite legislativo antes de que pueda convertirse en ley.