La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), solicitó a la Fiscalía Anticorrupción de Descarga formalmente la reapertura del proceso dentro del expediente N° 83,016-17 sobre la investigación a seis (6) funcionarios de la Asamblea Nacional por supuesto peculado en varias modalidades de fondos asignados a donaciones y contratos de servicios profesionales.
Esto, luego que el pasado viernes 26 de abril, la Contraloría General de la República publicó en su página web los pagos, montos y beneficios de todos los diputados de la Asamblea desde el 2014 a la fecha tras culminar el proceso de auditorías de los manejos de fondos asignados a donaciones y contratos de la planilla 080, que suman alrededor de 166 millones de dólares.
De acuerdo con TI de Panamá, “es un paso importante, pero no suficiente, pues conocer los destinos finales de los fondos, nos revela el mecanismo opaco que permitió el complejo sistema de solicitudes internas, traspasos y generación de miles de cheques y sus refrendos, las faltas de controles, publicación y rendición de cuentas de todos los órganos y funcionarios involucrados, ya que la prevención de la corrupción está en la transparencia de los procesos, sin demeritar el rol de la justicia penal y el castigo ejemplar”, señaló en un comunicado.
Sobre la apertura del expediente seguido a los 6 funcionarios, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, en un carta enviada al Fiscal Adecio Mojica explicó que “se hace ante el nuevo elemento de prueba relevante, no debatida en la investigación primaria”, por lo cual el Juzgado Decimoquinto de Circuito de lo Penal pidió fuera archivada provisionalmente el pasado 20 de septiembre de 2017 por falta de auditoría.
Recordar que el pasado 20 de abril de 2017, la Fundación a través del abogado Moisés Bartlett Quiel, interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía anticorrupción para que investigaran a Raúl Moreno Vaccaro, Luis Cruz Vargas, Marisela Araúz Acosta, Isabel Araúz Jordan, Teófilo Gálvez, Ismael Frías Vegas y cualquier otro funcionario o funcionaria permanente, por contrato, asignado o con funciones en la Asamblea nacional, u otra persona que resulte vinculado a la comisión de delito contra la administración pública, en la modalidad de diferentes formas de peculado por manejo discrecional de fondos asignados a donaciones y contratos de servicios profesionales.
FUENTE: Odalis Núñez
