El excontralorAlvin Weeden pidió al presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela vete parcialmente el proyecto de Ley 305 que, modifica el Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 sobre Contrataciones Públicas.
A juicio de Weeden este proyecto de Ley aprobado a “tambor batiente” y en el último día del segundo periodo ordinario de la segunda legislatura “deja mucho que desear a la ciudadanía, que está cansada que no se respete la opinión pública”.
Agregó que se debería devolver a la Asamblea Nacional para que corrija el artículo 10, se modifica el numeral 1 y 3, y se adicionen el numeral 8 al artículo 16 del texto único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, quedando de la siguiente manera:
“ La Dirección General de Contrataciones Públicas, mediante resolución motivada, queda facultada para inhabilitar su participación en actos públicos convocados por el gobierno, de tres meses a tres años, a las personas naturales o a las personas jurídicas que mediante sentencia judicial hayan sido condenadas por tribunal panameño o extranjero, por el delito contra la administración pública, blanqueo de capitales o cualquier otro delito ".
El pleno rechazó la propuesta que buscaba inhabilitar en los contratos con el Estado a las empresas extranjeras condenadas en el exterior por actos de corrupción.
Asimismo, los diputados aprobaron la propuesta del Ejecutivo que establece que las empresas extranjeras condenadas en Panamá se les cancelarían los contratos con el Estado.
La regulación busca satisfacer las necesidades colectivas mediante la prestación de servicios públicos a la comunidad, en general, a través de la selección de personas naturales o jurídicas, con las cuales el Estado contrata la adquisición de bienes y servicios, la ejecución y reparación de obras nacionales.