Teiga Castrellón

En el 2018 el contratista Luis Muñoz interpuso una demanda civil contra la Cooperativa de Servicios Múltiples San Antonio, R.L. (Cacsa) por daños y perjuicios, luego de que la nueva Junta Directiva le suspendiera un contrato de construcción en el que el empresario ya había invertido.

Este es el inicio de una trama que involucra un fallo en una segunda instancia en el Tribunal Superior de Chiriquí dictado a favor de Muñoz y un recurso de casación elevado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de parte de Cacsa para revertir el fallo y no pagar la suma de B/. 16 millones que solicitó en su demanda el afectado.

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Sin embargo, en esta etapa, según explicó el abogado del empresario Karl Copriz, fuentes internas de la Cooperativa le hicieron llegar sobres a su defendido con documentación verídica y una descripción de lo que estaba por venir, sugiriendo la posible compra de un fallo en el caso asignado al magistrado Hernán De León, a favor de la empresa demandada.

Además de esto, Copriz señala el pago de un millón y medio de dólares a una firma de abogados por parte de Cacsa, por hacer un trámite legal que jamás hizo y que expresa la adjudicación del fallo, lo que según su parecer crea suspicacia y por ello elevó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para denunciar la posible compra en la CSJ.

"Aquí hay una serie de situaciones que el Ministerio Público está investigando, lo primero es que Cacsa por ley no puede contratar una firma de abogados sin ser aprobado en una Asamblea. La Asamblea aprobó B/.150 mil para gastos externos jurídicos y ellos contraviniendo todo eso contrataron una firma de abogados por B/. 1 millón y medio, pero lo preocupante de esta situación es que el comité de vigilancia se opone a esto y todo el comité que se opuso fue expulsado", fueron algunas de las irregularidades señaladas por Copriz.

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