Odalis Núñez

El presidente de la Junta Directiva de la Cooperativa de Servicios Múltiples San Antonio, R.L. (Cacsa) Serafín González rechazó este viernes las denuncias de posible compra de fallo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Esto, luego que en el 2018 el contratista Luis Muñoz interpuso una demanda civil contra la Cacsa por daños y perjuicios, luego de que la nueva Junta Directiva le suspendiera un contrato de construcción en el que el empresario ya había invertido.

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González indicó que la acusación no esa de ahora y radica en que el empresario no “llenó los requisitos para que se le prestara un cantidad que representaba el ahorro de casi 36 mil asociados, nosotros como organización no podemos depositar en una sola persona, proyecto o consorcio el recurso de todos, ya que tenemos estipulado en nuestras leyes prestar hasta cierta cantidad de dinero y los maximo es hasta dos millones de dólares”.

Explicó que ante la advertencia el empresario continuó con el proceso de documentación e hizo división de materia “la esposa dos millones y él pidió dos millones de dólares, pero el proyecto era el mismo y la garantía también, nosotros le explicamos a él detalladamente en una reunión que no se le prestaría ya que iba en contra de sus normas”.

Al respecto de la posible compra de un fallo en el caso asignado al magistrado Hernán De León, a favor de Cacsa, González desmintió que fueran a buscar a algún Magistrado de la CSJ “nosotros no hablamos con ningún Magistrado, no tenemos injerencia ni conocimiento de eso, si estaba estancado o no que lo demuestre”.

Señaló que en una Asamblea Extraordinaria se tomó la decisión de autorizar a la Junta Directiva “para contratar la firma de abogados que sea necesaria para que nos represente en el proceso llevado en la CSJ sin mencionar ninguna cuantía, y se puede verificar en la memoria de trabajo N°62”.

González en compañía del abogado Carlos Ameglio Moncada manifestó que confían en la justicia y que se decida en derecho.

Cabe señalar que la trama involucra un fallo en una segunda instancia en el Tribunal Superior de Chiriquí dictado a favor de Muñoz y un recurso de casación elevado a la Corte de parte de Cacsa para revertir el fallo y no pagar la suma de B/. 16 millones que solicitó en su demanda el afectado.

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