La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó este martes 16 de marzo la audiencia pública del caso de la exprocuradora general de la Nación Ana Matilde Gómez contra Panamá.
Gómez presentó una demanda contra el Estado panameño por un proceso que desarrolló en su contra la Corte Suprema de Justicia , que según afirma violó sus garantías judiciales, producto del cual fue “arbitrariamente” separada de sus funciones.
Tras la audiencia de más de una hora, en la que participaron representantes de la CIDH y Farah Urrutia en representación de la Cancillería de Panamá, ambas partes acordaron iniciar un proceso de solución amistosa del caso con acompañamiento de la CIDH, por lo que este órgano dio un plazo al Estado para que por escrito de una respuesta con hoja de ruta a los pedidos realizados por Gómez.
La exprocuradora de la Nación está solicitando al Estado panameño reconocimiento de responsabilidad, borrar las consecuencias que emanan de la condena penal y un plazo de tres meses para implementar la decisión.
Durante la audiencia, Gómez recordó que fue acusada de abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidores públicos y se le impuso una pena de 6 meses de prisión y 48 meses de inhabilitación para cualquier cargo público.
Tras ser separada del cargo de Procuradora General de la Nación, Gómez aseguró notablemente conmovida que su carrera profesional fue afectada.
" Esto ha sido un estigma que he cargado por once años, cada vez que mi nombre sale por cualquier oportunidad que tengo laboral me dicen la condenada, la pinchadora, nadie me quería dar trabajo, yo tocaba las puertas y lo que querían darme era dinero...pasé de ser Procuradora a dictar clases en una escuela secundaria...todo el tiempo tengo que explicar que yo no he escuchado la conversación a nadie, que no soy una pinchadora ", sostuvo entre lagrimas.
Al ser abordada por Urrutia sobre el porqué argumenta que sus garantías judiciales fueron violadas, Gómez respondió que en su momento interpuso recursos de controversia, recusación, prescripción y nulidad que no fueron resueltos en tiempos oportunos.
Además cuestionó la forma en que son elegidos los magistrados de la CSJ y el Procurador General de la Nación y denunció la injerencia política a pesar de las recomendaciones del Pacto de Estado por la Justicia.
ANTECEDENTES: CASO GÓMEZ VS PANAMÁ
En diciembre de 2004 Gómez fue nombrada procuradora general de la Nación por un período de 10 años, por el entonces presidente de la República Martín Torrijos, sin embargo, en enero de 2010 fue separada del cargo como parte de una investigación por supuesta extralimitación de funciones en perjuicio del exfiscal Arquimedes Sáez.
El Pleno de la Corte tomó esta decisión con el voto favorable de cinco magistrados: Wilfredo Sáenz, Alberto Cigarruista, Alejandro Moncada Luna, Winston Spadafora y Aníbal Salas. Hubo cuatro votos en contra.
Los cargos contra Gómez surgen luego de que aprobara una intervención telefónica con fines investigativos a las líneas telefónicas de un tercero, quien denunció que el exfiscal Sáez “le solicitaba sumas de dinero” para beneficiar a una persona en una investigación.
Sáez la denunció alegando que carecía de facultades legales para ordenar escuchas telefónicas.
Gómez sostiene que “nunca se intervino el teléfono del fiscal denunciado (Sáez), ni se escuchó ninguna de sus conversaciones”, por tanto no estaba legitimado como querellante.
Para agosto del 2010, Gómez fue condenada a seis meses de prisión por delito de abuso de autoridad, pena que fue reemplazada por 40 días multa, equivalente a 4 mil dólares; y se le inhabilitó para ejercer funciones públicas por cuatro años, definiéndose así su separación definitiva del cargo.
Injerencia política, prejuzgamiento, vicios en el proceso, entre otras irregularidades fueron las denunciadas por Gómez en la denuncia que presentó contra el Estado de Panamá ante la CIDH.
“ Me hizo dos peticiones que mayor fricción generaron. En primer lugar él (expresidente Ricardo Martinelli) quería algún expresidente preso, me llamó no menos de siete veces en un mismo día para que metiera preso al expresidente Pérez- Balladares, en segundo lugar me solicitaba el traslado de una funcionaria subalterna del fiscal del droga Almengor en ese momento al Consejo de Seguridad, para él transmitir a la embajada de Estados Unidos que las escuchas telefónicas estaban a cargo del Ministerio Público en este caso autorizadas por mi. Yo dije que no a ambas cosas y eso trajo como consecuencia toda una serie de eventos ”, declaró Gómez al ser abordada durante la audiencia sobre las peticiones del expresidente Ricardo Martinelli cuando ella fungió como procuradora de la Nación.
