Los precaristas de más de cuatro comunidades de Arraiján firmaron este martes un acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), donde se establece que los terrenos privados que ocupan estas familias tienen un derecho establecido constitucionalmente, así lo dio a conocer Pablo Martínez, secretario general de la Coordinadora Victoriano Lorenzo en las áreas revertidas y abogado de los invasores.
Luego de más de cinco horas de reunión con la mediación de la Iglesia Católica y cinco representantes de los corregimientos del sector y funcionarios del Miviot reconoció que los moradores tienen derecho constitucional "aunque la tierra sea privada", expresó Martínez.
Agregó que la entidad se comprometió a ingresar a esas tierras y hacer estudios socioeconómicos.
Por su parte los moradores aseguran que están de acuerdo a pagar el costo de la vivienda pero señalan que no pueden ser más de 2 dólares el metro y el 2 % de interés que es lo establecido para ese sector.
