Irma Rodríguez Reyes

Los administrativos de los centros educativos donde ocurran casos de acoso escolar o "bullying", tendrán que aplicar sanciones a los agresores, para evitar las multas por omisión de acciones ante estos hechos.

Esto, según la Ley 7 de 14 de febrero de 2018 y que establece medidas contra los actos de discriminación.

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De acuerdo con Sara Escobar, del Movimiento Panamá Libre de Bullying, la ley contempla sanciones de B/.550 a B/.1,000 a los colegios que conociendo de las denuncias de acoso, no implementen medidas de protección a la víctima, como permitir el acompañamiento de los padres y que tampoco apliquen correctivos a agresores como el tratamiento psicológico y matrículas condicionadas.

"Ya no lo pueden ignorar, la ley está vigente...si el hijo denuncia, la ley obliga a profesores que den la voz de alerta a los padres directamente y que puedan llamar o convocar a los padres de los diferentes actores", explicó Escobar.

El bullying es el acoso físico o psicológico al que es sometido un alumno, por parte de uno o varios compañeros.

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