Un informe sobre la peor masacre en una cárcel panameña sacó a la luz las deficiencias en seguridad y lo “permisivo” del sistema penitenciario que obligan a tomar medidas correctivas urgentes, según autoridades y expertos.
Los ministros de las carteras de Seguridad Pública y de Gobierno rindieron la víspera un reporte exigido por el presidente Laurentino Cortizo sobre la mortífera balacera entre internos registrada el mes pasado en una prisión en la periferia de la capital. Inicialmente se dijo que la cifra de fallecidos había sido de al menos 15, pero el informe la redujo a 13 muertos y 14 heridos, sin aclarar el cambio.
Fue la reyerta más letal en una cárcel del país y que corroboró el viejo problema del ingreso ilegal de armas, drogas y otros objetos como celulares y cuchillos al centro penitenciario La Joyita y otras prisiones, pero llamó aún más la atención el uso de varios fusiles de asalto en el tiroteo.
Al respecto, el ministro de Seguridad Pública, Rolando Mirones, dijo que se encontraron en el pabellón donde se generó la refriega con dos orificios de varios metros de profundidad y con tapas de concreto en el suelo que se utilizaron para esconder las armas largas.
La Joyita no cuenta con un muro de protección a su alrededor ni con cámaras de seguridad. Las cercas de metal en el perímetro del complejo están “deterioradas” y algunas torres de vigilancia se han derrumbado, admitió Mirones, quien ofreció el informe junto al ministro de Gobierno, Carlos Romero. Ambos fueron los más cuestionados tras la tragedia.
“Son inadecuadas para el uso penitenciario”, dijo Mirones. Refirió que el complejo donde se ubica La Joyita y otros centros de reclusión fue en el pasado una base militar.
Romero dijo que “encontramos un sistema penitenciario degenerado, permisivo y muy pocos controles”.
“El tema de la seguridad carcelaria es deficiente”, dijo a The Associated Press el especialista en asuntos de seguridad y colaborador del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, Severino Mejía. “La cuestión del ingreso de las armas y todo lo que se mueve allí en la cárcel es un problema de control y supervisión, que es lo que ha motivado al presidente Cortizo a someter a la Asamblea Nacional un proyecto de ley (para la creación) de un servicio de seguridad penitenciario”.
“No hay duda de que el sistema penitenciario, que es un problema de vieja data y recurrente, no se le puso la atención”, señaló. “Este no es un caso único de Panamá. En la mayoría de los países de América Latina, las cárceles son centros de despojos humanos”.
La refriega se generó en un pabellón que alojaba a integrantes de una misma pandilla, aunque se desconocen las razones que la desencadenó. En ese complejo de cárceles están unos 17.000 reclusos, un 60% de la población penitenciaria del país, según las autoridades.
En el informe se recomienda la creación mediante ley de un nuevo servicio de custodia penitenciaria e inversiones en temas de seguridad y tecnología.