La audiencia preliminar por el caso “New Business ” se desarrolla este lunes 4 de julio en el salón de audiencias del Tribunal Superior de Liquidación, ubicado en el Palacio de Justicia Gil Ponce.
El Fiscal Primero Superior Contra la Delincuencia Organizada, Emeldo Márquez, explicó que además se mantiene la ruptura procesal de 3 personas; y el Ministerio Público también ha realizado acuerdos que han sido citados en el acto de audiencia, algunos han sido acuerdos de colaboración donde las personas han manifestado cómo se dieron los hechos, el requerimiento de las sumas de dinero y los aportes que fueron utilizados para la compra de las acciones de la Editora Panamá América S.A. (Epasa).
Detalló que entre los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público se encuentra las cuentas bancarias y certificaciones de la emisión de cheques, además del informe de la División de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que acreditan la comisión de los hechos, así como los respectivos informes de auditoría, “que acreditan la comisión del hecho delictivo por el cual el Ministerio Público está pidiendo que estas personas sean llamadas a juicio”.
Añadió que también se hizo mención de un alto funcionario que en el año 2010 habría solicitado que empresas contratistas con el Estado dieran aportes para comprar del grupo editorial.
“El Ministerio Público ha hecho énfasis sobre ese aspecto en el acto de audiencia del día de hoy, en el cual sustentó el llamamiento a juicio haciendo alusión en que las personas que están siendo llamadas a juicio dieron aportes económicos para la compra de acciones del grupo editorial… se mencionó en el acto de audiencia que se trata de un alto funcionario de la República de Panamá”, recalcó.
Posteriormente, se dio paso a los alegatos de 7 abogados de la defensa técnica particular, quienes solicitaron la nulidad del acto de audiencia o en su defecto el sobreseimiento definitivo para sus representados. Algunos defensores solicitaron además el levantamiento de medidas cautelares, que mantienen sus representados.
Dentro de este proceso penal se encuentran imputados 26 ciudadanos por la presunta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales.
Este caso guarda relación con la compra de la Editora Panamá América S.A. (Epasa), el Ministerio Público determinó que se utilizaron fondos públicos para su adquisición y posteriormente fueron desviados de forma irregular en el sistema financiero entre personas naturales y jurídicas.
Según las investigaciones, el monto transferido a la Sociedad New Business Services Limited fue de B/.43,912,828.94. El Ministerio Público informó que se ha logrado recuperar para el Estado la suma de B/.9,200,000.00.
Cabe recordar que esta audiencia había sido programada inicialmente para el 12 de noviembre de 2021, pero al faltar la notificación de uno de los imputados, se fijó una fecha alterna para el 27, 28 y 31 de enero de 2022, sin embargo, también fue suspendida el día 28 de ese mismo mes debido a que el Tribunal Electoral certificó que Ricardo Martinelli gozaba de fuero penal electoral, lo que legalmente imposibilitaba que se le siga un proceso judicial.
Se habían fijado como fechas alternas los días 19, 20 y 23 de mayo, pero nuevamente fue suspendida la audiencia preliminar debido a que 2 abogados presentaron incapacidades y 4 se ausentaron.
Por otro lado, el Ministerio Público de Panamá presentó el 20 de junio un recurso de apelación contra la decisión adoptada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá mediante la cual concedió un recurso de amparo de garantías a favor de una de las personas imputadas dentro del caso New Business.
El fiscal Emeldo Márquez explicó en ese momento que se trata de un amparo de garantías en el que el Tribunal hace alusión a la anulación de la primera fecha de audiencia del 27 de enero del presente año donde se realizaron actos procesales.
La investigación, que consta de 168 tomos, comenzó en el año 2017, cuando el Ministerio Público tuvo conocimiento de la presunta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales.