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"Todo es consulta y nos llevan en ese carrito", ministro Pino sobre proyecto de extinción de dominio

La iniciativa busca establecer un marco jurídico que permita al Estado recuperar bienes adquiridos de forma ilícita, fortaleciendo los mecanismos de administración de justicia.

Nimay González
Por Nimay González

El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Pino, cuestionó este viernes que aún no se logre avanzar con la discusión del proyecto de Ley 625 que adopta la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos.

“Todavía no hemos entrado ni tan siquiera en el primer nivel, todo es consulta, consulta, consulta y como lo digo yo, nos llevan en ese carrito”, manifestó el titular de seguridad.

A pesar de esto, indicó que continuará impulsando esta iniciativa, frente a los delitos que ocurren y los que pueden tener lugar en el futuro.

“Tenemos conocimiento pleno de las cosas que pueden pasar más adelante si esto no se hace como le ha pasado a otros países, miren el problema de Ecuador donde las organizaciones criminales quieren confrontar a la fuerza pública y Ecuador que tiene un ejército, también lo que ha hecho El Salvador, un periodo de excepción renovado, tuvo que hacerlo. Hay que poner leyes más severas”, expresó Pino.

https://twitter.com/MinSegPma/status/1593600368881111040

Cabe mencionar que en el mes de octubre una subcomisión designada por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional (AN) debía entregar el informe con los aportes y opiniones sobre el proyecto de extinción de dominio de bienes ilícitos.

Previamente, la iniciativa había estado en una subcomisión conformada por los diputados Corina Cano, Crispiano Adames y Juan Diego Vásquez, y que rindió un informe en el que concluyó que las buenas intenciones de este proyecto de ley serán aceptables siempre y cuando se realizara un análisis más profundo sobre el impacto en los órganos jurisdiccionales, y sus problemas de aplicación en estricto respeto a los derechos humanos fundamentales.

La propuesta de extinción de dominio pretende convertirse en un mecanismo efectivo que lleve a la desarticulación de los grupos delictivos, teniendo como premisa que los bienes adquiridos mediante el dinero producto de actividades ilícitas no gozan de protección legal y, como hecho de justicia social, el Estado consigue recuperar estos bienes y logra resarcir el daño causado a la sociedad.