VERACRUZ, Panamá (AP). Carlos Mendizábal tiene 93 años y lleva 36 pidiendo justicia: que las autoridades confirmen que unos huesos exhumados son los de su hija Bettzy Marlenne, quien fue supuestamente asesinada en 1976 junto con su novio Jorge Falconett durante el régimen militar.
"Hasta hace pocos años él andaba en las calles exigiendo justicia. Ahora está viejo, escucha y habla poco, pero no quiere irse (morir) sin saber qué pasó con nuestra hija", afirma la esposa de Mendizábal, Estela, en su casa del pueblo costero de Veracruz, al oste de la capital.
Los Mendizábal sostienen que la pareja fue asesinada y que figuras del gobierno militar encubrieron los hechos y evitaron entregar el cadáver de Bettzy Marlenne. De Falconett nunca más se supo.
El matrimonio podría comprobar pronto si esos restos desenterrados hace 20 años son los de su hija pues el gobierno ha reactivado la identificación de unas osamentas de personas presuntamente asesina das durante el régimen militar (1968-1989).
Aunque en menor escala que en otros países de América Latina con dictaduras militares, Panamá también vivió una etapa de asesinatos y desapariciones en ese período, según denuncias, e incluso se formó una Comisión de la Verdad hace poco más de una década que documentó 110 casos (70 asesinatos y 40 desapariciones).
Las denuncias generaron investigaciones en las se exhumaron restos de personas presuntamente asesinadas en esa época. Los huesos están guardados en 40 cajas de cartón en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) y su identificación nunca se llevó a cabo por desinterés oficial y falta de recursos, según las autoridades, familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos.
"Quizás es un poco de desidia o de falta de voluntad; siempre debió haber dinero para esto. No se le dio la atención debida", señaló a la Associated Press Humberto Mas, director del IMLCF.
Hay quienes creen que lo que faltó fue voluntad política.
La presidenta del Comité de Familiares de Asesinados y Desaparecidos de Panamá Héctor Gallego (COFADEPA-HG), Maritza Maestre, dijo a la AP que las gestiones para que se estableciera una mesa de diálogo después del trabajo de la Comisión de la Verdad no prosperaron entre 2004-2009 porque en ese lapso gobernaba "el Partido Revolucionario Democrático, que fue el brazo político de la dictadura y ellos jamás se van a reunir con nosotros".
Así como los Mendizábal, familiares del conocido dirigente estudiantil comunista Floyd Britton (asesinado en 1969) y del sacerdote católico colombiano Héctor Gallego (desaparecido en 1971) también ansían encontrar sus restos.
"Esto tiene un significado histórico muy grande. Son variadas las razones", destacó Mas, el director del IMELCF. "La satisfacción de los familiares de saber y darle cristiana sepultura a sus seres queridos que han buscado en algunos casos por 42 años".
Mas considera que la larga lucha del COFADEPA-HG evitó que el tema de los desaparecidos y la posible identificación de las osamentas pasara totalmente al olvido.
Para Mas, el reciente regreso al país del ex dictador Manuel Noriega, tras pasar 22 años en prisiones de Estados Unidos y Francia, también le dio notoriedad al asunto. El ex dictador, de 78 años, fue extraditado por Francia el 11 de diciembre y a su llegada se lo encarceló inmediatamente para que cumpla varias condenas por asesinato.
"Creo que (el retorno del ex dictador) ha ayudado mucho", afirmó Mas.
Noriega fue depuesto por la invasión de Estados Unidos el 20 de diciembre de 1989, con lo cual terminó el régimen castrense que comenzó con el golpe militar del 11 de octubre de 1968. El general Omar Torrijos dirigió el país tras el golpe hasta su muerte en un accidente aéreo en julio de 1981.
Los familiares de las víctimas lograron en junio del 2010 que el gobierno de Ricardo Martinelli estableciera una mesa de entendimiento para tratar los reclamos de justicia y resarcimiento moral y económico.
En esa mesa, que volvió a reunirse en enero, participan también el IMLCF y la Cruz Roja Internacional, que ayudó a gestionar el viaje de dos antropólogos forenses argentinos que estuvieron a inicios de febrero para hacer una evaluación inicial de los restos. No se han fijado plazos para entregar los resultados de los análisis, en los que se cotejarán muestras de ADN de los restos y de presuntos familiares.
El gobierno ha prometido sumar 45,000 dólares a una partida anterior que alcanza los 90,000 para los trabajos de identificación de las osamentas, aunque Mas considera que "eso sólo serviría para arrancar".
Un informe del IMELCF entregado a la AP indica que oficialmente solo en cinco de los casos documentados por la Comisión de la Verdad se logró la identificación de restos y se entregaron a sus respectivos familiares.
La Comisión destacó que la mayoría de l as víctimas eran jóvenes de estratos sociales bajos.Paradójicamente, Torrijos impuso un gobierno que fue considerado de corte populista, que llevó carreteras, centros de salud y escuelas a zonas remotas y pobres.
Al mismo tiempo, el carismático caudillo militar se convirtió en uno de los arquitectos de la firma en 1977 de los tratados con Estados Unidos que establecieron la entrega del canal interoceánico y la salida de los militares norteamericanos.
Sin embargo, "Torrijos, una vez que logró instalarse plenamente, utilizaba todos los métodos represivos de tortura y desaparición que usaron otros dictadores en Latinoamérica para callar a opositores", señaló el padre católico Conrado Sanjur, presidente de la Coordinadora Popular por los Derechos Humanos. "También encubrió actos criminales de sus aliados, incluso, en casos que no eran de tanto tinte político o ideológico".
Marcos Mendizábal afirma que el caso de su hermana y su novio no fue político, aunq ue no sabe exactamente cuál puede haber sido el móvil. Pero aseguró que el régimen comenzó a intimidar posteriormente a su familia para que dejasen los reclamos de justicia.
Al respecto, la Comisión consideró que "la búsqueda de la verdad fue obstaculizada... para ocultar lo que sucedió realmente".
El caso Mendizábal-Falconett fue a juicio en 1976 y los tres sindicados fueron absueltos en un largo proceso que tuvo varias reaperturas y sobreseimientos, cerrándose definitivamente en 1997.
La familia Mendizábal acusó principalmente a un amigo de universidad de Falconett, Roberto Pinzón, quien era hijo del entonces representante del corregimiento de Atalaya, en el centro del país, cerca de donde ocurrió la tragedia, y adepto al régimen.Falconett, de 22, había sido invitado a ese región por Pinzón y Bettzy Marlenne, 19, lo acompañó.
Nunca más regresaron a la capital.No quedó claro el motivo de la tragedia, aunque Estela Mendizábal, quien tiene 79 años, considera que a lo mejor Pinzón y otros amigos tenían celos de Falconett, pues era "muy inteligente".
Algunos testimonios durante las investigaciones indican que el cadáver de Bettzy Marlenne fue encontrado varios días después de su desaparición en un río y con su largo cabello enredado entre raíces de árboles. Fue trasladada y enterrada rápidamente en un cementerio de Atalaya sin que se le practicara autopsia, indicaron algunos testigos y la familia.
La familia, que no está convencida de que ese haya sido realmente el cadáver de Bettzy Marlenne, consiguió que en 1976 se hiciese una exhumación, pero dice que no pudo ver el cuerpo, el cual fue enterrado nuevamenete sin ser identificado fehacientemente.
Dos años después del fin de la dictadura y tras reabrirse el caso, se hizo una nueva exhumación, en 1992, con la participación de antropólogos argentinos, que en ese momento concluyeron que el análisis de una pieza ósea (fémur) no coincidía con la med ida de la chica.Esa osamenta será sometida a nuevos análisis.
"Si esos son los restos de mi hermana", afirma Kilmara Mendizábal, "no los quiero enterrar. Prefiero tenerlos en una vitrina, (y) si aquí en Panamá no hay un 'museo de la memoria', como en Argentina y otros países, bueno iré a Argentina a depositarlos para que se diga que son restos de asesinados de la dictadura de Panamá".