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Admiten fianza de excarcelación por 100 mil balboas a favor de la madre de "Chichi" De Obarrio

Una fianza de excarcelación por la suma de cien mil balboas (B/. 100.000.00) fue admitida a favor de la señora Silvana Manzini de De Obarrio y se impuso como medida necesaria el impedimento de salida del país.

Así lo dio a conocer este martes el Órgano Judicial, detallando que el beneficio fue concedido por el Juzgado Duodécimo del Circuito de lo Penal de Panamá, a cargo del juez Oscar Carrasquilla, mediante Auto de Fianza N°6.

Explica que la decisión del Juez se sustenta en que no existen indicios hasta el momento que indiquen que la libertad de Manzini De Obarrio, sindicada por presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento injustificado, pueda empañar el transcurso de la investigación, además de que no existe peligro de evidente fuga; y es responsable de atender a su esposo quien se encuentra minusválido.

Silvana Manzini de De Obarrio de 61 años de edad, madre de Adolfo “Chichi” De Obarrio, exsecretario personal del exmandatario Ricardo Martinelli, se encuentra bajo medida cautelar de detención provisional desde el pasado 10 de agosto. Posteriormente, el día 17 fue trasladada de la Dirección de Investigación Judicial al Centro Femenino de Rehabilitación donde permanece actualmente.

Por otro lado, el comunicado del Órgano Judicial agrega que el juez Carrasquilla, negó el incidente de nulidad presentado por el abogado Gilberto Pérez, en favor de Adolfo De Obarrio Manzini, quien está siendo sindicado por el supuesto delito contra la administración pública. A la fecha su paradero se desconoce, es requerido por la justicia panameña para que responda por la supuesta comisión de delitos de peculado, corrupción y fraude en contrataciones públicas, en perjuicio del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Asimismo negó las fianzas de excarcelación solicitadas a favor de Yvette Barsallo Fábrega; Gabriel Btesh Btesh; y Mike Btesh Btesh, todos sindicados por la supuesta comisión del delito contra la administración pública, en su modalidad de enriquecimiento injustificado.

FUENTE: Nimay González