Afrontar el pago de la prima de antigüedad de los ex servidores de la Defensoría del Pueblo es una de las prioridades presupuestarias para el próximo año, informa en un comunicado la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Leblanc González, explicó que se le asignaron B/. 7.4 millones para funcionamiento y B/.1.2 millones para inversión, que serán destinados a la implementación de una Oficina de Denuncias móvil, la apertura de una regional en Barú, provincia de Chiriquí, a adquirir más equipo terrestre y acuático; al mejoramiento técnico del sistema de atención; a la instalación de un Centro de Capacitación Integral de Derechos Humanos y a un Sistema de Monitoreo de Audiencias.
Durante la sustentación se informó que se proyecta cerrar el año 2023 con 9 mil 178 trámites entre quejas y orientaciones, y que además se registraron 23 alertas tempranas durante los nuevos meses transcurridos del presente año.