Un intense sudor motivado por el miedo delató a Nicole Bartscher cuando recorría el aeropuerto internacional de Lima para abordar un vuelo a Holanda con 4,5 kilos (10 libras) de cocaína pegada a su cuerpo en el 2010.
Una mujer policía llevó a la mujer, una peluquera que lucía regordeta, a una sala y le pidió que se quitase la ropa. Descubrió paquetes con la droga pegados a su torso y a sus piernas. La arrestaron y la enviaron a una celda atestada, donde durmió en el piso, hambrienta y con frío.
La mujer, una alemana de Dortmund, dice que el sufrimiento y las humillaciones no terminaron cuando le conmutaron su sentencia y fue liberada en marzo del año pasado.
Si bien cumplió su condena, su vida se convirtió en un purgatorio de pobreza y estigmatización. No puede mantenerse y no puede irse de Perú hasta que pague una multa del equivalente a 2.410 dólares que debe.
Su situación es similar a la de numerosos extranjeros que en un acto de desesperación o de estupidez tratan de pasar drogas por un aeropuerto muy vigilado.
Cientos de "mulas" extranjeras --las autoridades no tienen una cifra más específica-- están varadas en esta nación que hace poco pasó a Colombia como la principal productora mundial de cocaína. Y no pueden irse hasta que venza el plazo de su libertad bajo palabra, hayan pagado las multas que se les impusieron y hayan resuelto completamente sus casos. El proceso puede tomar años.
Conseguir un certificado de expulsión, por ejemplo, puede tomar cuatro meses, según la monja María, una abogada que trabaja con mulas y que se negó a dar su apellido.
Si bien la mayoría de las mulas son hombres, hay cada vez más mujeres, para quienes esta situación es particularmente penosa. Pocas mujeres que quedan en libertad bajo palabra consiguen trabajo.
Con frecuencia se ven obligadas a vivir de la caridad y algunas pasan días sin comer. "Muchas chicas se prostituyen", dijo Bartrscher.
La mayoría afirman que decidieron hacer de mulas para resolver problemas económicos.
El gobierno peruano no ofrece ayuda financiera, visas de trabajo ni pasajes aéreos para que regresen a sus países.
"El estado no puede ser el benefactor de todos", afirmó el fiscal Juan Mendoza, a cargo de los casos de lavado de dinero y quien en el pasado se ocupó de las mulas. "Los ciudadanos que cometen delitos tienen que encontrar la forma de readaptarse y de reincorporarse a la sociedad".
Las penurias de las mujeres que hacen de mulas en Perú captaron la atención internacional el año pasado cuando una irlandesa y una escocesa fueron pilladas tratando de llevar 10 kilos (23 libras) de cocaína a España. Se declararon culpables y recibieron la misma sentencia que Bartscher, seis años y ocho meses.
Esa es la pena mínima para una mula. La máxima es de 15 años. Pero las personas deben permanecer en Perú, incluso si reciben libertad bajo palabra, hasta que venza el plazo de su sentencia y hayan pagado sus multas.
"Es una tortura", sostuvo Bartscher, quien tiene 40 años, sentada en un banco de un convento donde vive, mientras fumaba un cigarrillo. "Que nos dejen irnos, es lo único que pido. Nos excarcelan, pero seguimos en otra prisión".
Bartscher y otras nueve mujeres que hicieron de mulas y que están en libertad bajo palabra viven en un convento católico romano en una calle caótica, llena de bocinazos y de emisiones de vehículos.
Otro convento aloja a mujeres mulas liberadas en Callao, un sector de altos índices de delincuencia próximo al aeropuerto.
Bartscher, quien estudió música en la Universidad de Muenster y canta óperas, gana apenas 70 dólares al mes haciendo tortas que vende. Dice que su marido la dejó por su mejor amiga pero le envía algún dinero cada tres meses. Ella y otras mulas en libertad bajo palabra afirman que no les dan trabajo porque son extranjeras y eso despierta suspicacias entre los posibles empleadores. Quienes las emplean, a menudo las tratan de embaucar, aseguran.
La alemana cuenta que trabajó un mes en un comercio de ropas y que no le pagaron.
Ana María Imedio, una española de 48 años que se quedó sin trabajo en su país durante la debacle económica del 2009, dice trabajó seis semanas tejiendo sweaters, hasta que se dio cuenta de que su empleador no tenía la menor intención de pagarle.
El 90% de los extranjeros presos en cárceles peruanas --1.483 reos, incluidas 253 mujeres-- cumplen penas por tráfico de drogas y casi todos fueron detenidos haciendo de mulas, de acuerdo con las estadísticas de octubre, las últimas disponibles en la agencia nacional de prisiones.
Los peruanos usan el término "burriers", una mezcla de "burro" y "courier" (mensajero) que delata una fuerte influencia anglo. La mitad son europeos y hay cada vez más mujeres. Las mujeres son mayormente de España, México, Tailandia y las Filipinas, en ese orden, según la agencia de prisiones.
Son generalmente de clase media-baja o de origen humilde.
Bartscher cuenta que decidió hacer de mula porque no podía llegar a fin de mes. Iba a cobrar 15.000 dólares, un porcentaje relativamente pequeño de los 100.000 dólares que la droga que transportaba hubiera generado de haber llegado a Europa. Asegura que lamenta haber delinquido, algo que le hizo perder sus amigos en Alemania.
"No creo que me vayan a perdonar", expresó.
A Imedio también le conmutaron la sentencia pero no puede irse de Perú hasta que pague una multa de 1.600 dólares.
Gana muy poco vendiendo carteras en una calle de Lima y dice que unos amigos generosos evitaron que durmiese en la playa el mes pasado ofreciéndole compartir una habitación sin costo alguno.
España ayuda a sus ciudadanos cuando son detenidos e Imedio recibía 60 euros al mes mientras estuvo presa. Pero deja de hacerlo cuando el reo queda en libertad bajo palabra.
Quienes no pueden pagar las multas piden a los tribunales que los eximan de hacerlo.
El éxito de esa solicitud a menudo depende "del juez que te toque y de si estaba en un día bueno o uno malo", según María del Mar Carvajosa, una española de 51 años que hizo de mula y que quedó en libertad bajo palabra hace dos años y medio. Dice que no está en condiciones de pagar las coimas que le quieren cobrar constantemente en las prisiones y los tribunales peruanos.
Carvajosa debe 1.800 dólares y no trabaja desde hace meses. Un familiar de España le envía dinero para el alquiler, pero no le alcanza para la multa. Dice que su esposo, detenido con ella, todavía está preso a pesar de que satisface los requisitos para quedar en libertad bajo palabra porque no cuenta con el dinero para tener una "atención" con los empleados de la prisión a cargo del papeleo de su liberación.
Imedio se ha resignado a no vivir con su hija de 14 años, quien está con una tía en Madrid.
Dice que la niña estaría mucho peor si ella regresase y se hiciese cargo de la muchacha.
"Tengo más posibilidades de salir adelante aquí que en España", expresó Imedio resignada, agregando que espera abrir un puesto de venta de sándwiches en Lima.
"Es triste, pero así son las cosas", afirmó.