Asociaciones sociales de Argentina acusaron hoy al Gobierno de Mauricio Macri de utilizar datos "sesgados" para "responsabilizar" a los extranjeros de los delitos de narcotráfico que se producen en Argentina y pidieron diálogo al Ejecutivo para reformar la ley de Migraciones.
En una carta dirigida al Gobierno, más de 150 organizaciones de migrantes, derechos humanos, sociales, eclesiásticas y académicas solicitaron reunirse con el Ejecutivo para expresar su "preocupación y desconcierto" por la decisión de Macri de modificar próximamente, por la vía de un Decreto de Necesidad y Urgencia, la legislación migratoria.
"La decisión, absolutamente infundada, que tendrá un impacto negativo en la vida de casi dos millones de personas que viven en nuestro país, debería debatirse con las organizaciones que trabajan esta temática y, eventualmente, seguir los cursos legislativos normales para una implementación democrática de los cambios en la política migratoria", indica la carta.
En el texto, las asociaciones instaron al Gobierno a "no adoptar medidas que signifiquen un retroceso" respecto a la legislación migratoria actual.
"Nos preocupa que las propuestas de reforma presentadas asocien la migración al delito", prosigue el escrito.
Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) indicó en un comunicado que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, utilizó datos estadísticos "sesgados, descontextualizados y afirmaciones estigmatizantes para justificar el endurecimiento de la política migratoria".
La responsable del área de Seguridad aseguró el pasado martes,en la radio local La Red, que a Argentina llegan "peruanos y paraguayos que terminan matando por el control de la droga" y afirmó que uno de los objetivos de su cartera es reducir "la concentración de extranjeros que comenten delitos de narcotráfico".
Además, explicó que su ministerio trabaja por sofisticar los controles migratorios por tierra del norte del país, como la triple frontera de la provincia de Misiones, donde coinciden los límites de Paraguay, Uruguay y Argentina, o La Quiaca, en la provincia de Jujuy, que separa el país austral de Bolivia.
"Siempre va a haber una parte que se nos va a escapar pero la mayoría de personas entran a través de los sistemas migratorios", puntualizó, al tiempo que insistió en distinguir a los extranjeros que llegan "a trabajar" de los que llegan "para cometer delitos".
Según el organismo, Bullrich aseguró que mientras que el total de extranjeros detenidos representa el 6 % de la población carcelaria, en lo que hace a los delitos vinculados con drogas el porcentaje sube al 33 %.
"Sin embargo, (la ministra) no aclaró que el primer dato hace referencia al total de la población carcelaria argentina, mientras que el segundo solo al Servicio Penitenciario Federal. Al comparar dos universos distintos, presentó un panorama recortado y exageró el impacto de los extranjeros en la problemática", señala el comunicado.
La organización afirmó que, según los datos oficiales, las personas detenidas por delitos relacionados con drogas representan "solo" el 10 % del total de presos.
El texto subraya que del total de las personas detenidas por drogas en todo el país, el 83 % son argentinas y el 17 % son extranjeras, por lo que "si los datos no se presentan sesgados, la incidencia de extranjeros baja a la mitad de lo que afirmó la ministra".
En base a las cifras oficiales recogidas por el CELS, asciende a 1.426 la cifra de extranjeros detenidos por delitos vinculados con drogas, el 0,06 % del total de extranjeros del país, detalla.
A juicio de la organización, "es verdad que la incidencia de extranjeros en delitos de drogas es mayor que en otros delitos (...) Pero este es un fenómeno que se replica en casi todos los países del mundo, dado que el tráfico de drogas suele tener un componente transfronterizo".
Macri, en una rueda de prensa, recordó el pasado 17 de enero que él es hijo de inmigrantes y se necesita "seguir recibiendo gente" que quiera trabajar en Argentina, por lo que convocó "al mundo" a que lo acompañe en el "desarrollo" de su país.
FUENTE: EFE
