La comisión que investiga la violencia postelectoral que causó en Zimbabue la muerte de al menos seis civiles durante las protestas de agosto pasado empezó hoy en Harare sus vistas públicas para esclarecer los hechos.
La comisión, formada por siete miembros y presidida por el expresidente sudafricano Kgalema Motlanthe, inició sus indagaciones dos meses y medio después de los disturbios acaecidos el 1 de agosto, tras las elecciones presidenciales del 30 de julio.
Los comicios dieron la victoria al presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, quien derrotó al líder del opositor Movimiento por el Cambio Democrático (MDC), Nelson Chamisa, que calificó de fraude la votación y trató de impugnar los resultados sin éxito.
La violencia estalló en Harare cuando la Policía y el Ejército cargaron con munición real, gases lacrimógenos y cañones de agua contra manifestantes opositores.
La comisión responde a una de las peticiones de la comunidad internacional, que denunció la violencia postelectoral y pidió a Zimbabue que investigara los hechos.
En un hotel de Harare, la primera vista pública empezó hoy con la comparecencia de testigos, entre ellos un empleado de la gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF), quien alegó que simpatizantes del MDC apedrearon la sede del partido en Harare y prendieron fuego a varios vehículos.
El compareciente, Peter Zimohwa, declaró que temió, junto a sus compañeros de partido, que el edificio pudiera ser pasto de las llamas.
El tono de los primeros testigos puede alentar las sospechas denunciadas por organizaciones como Amnistía Internacional (AI), que temen que la comisión se utilice para justificar la represión de las fuerzas de seguridad.
La comisión debe presentar sus conclusiones antes de mediados del próximo diciembre.
Los comicios fueron los primeros tras la independencia del país (1980) sin Robert Mugabe, quien dimitió de la Jefatura de Estado de Zimbabue el 21 de noviembre de 2017, tras 37 años en el poder.
Su dimisión fue forzada por el Ejército, que tomó el control del país y recluyó a la familia presidencial en su residencia varios días, aunque los altos mandos siempre negaron que se tratara de un golpe de Estado.
FUENTE: EFE
