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EFE

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aprobó este viernes en su 76 Asamblea General resoluciones referidas a Panamá, Nicaragua, Cuba, Bolivia, y Brasil, además de los informes sobre la situación de la libertad de prensa en 24 países.

La SIP concluye hoy una Asamblea General realizada virtualmente por la covid-19, en la que participaron los presidentes de Panamá, Laurentino Cortizo, y República Dominicana, Luis Abinader, y se hizo evidente que la libertad de prensa está amenazada en el continente y la crisis económica derivada de la pandemia se suma a los problemas propios de los medios.

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PANAMÁ

En la resolución referida a Panamá, hace un llamado a las autoridades para que tomen "las medidas necesarias para modificar la legislación vigente de forma que se garantice el principio de igualdad en la protección a los bienes de propiedad de medios de comunicación de prensa escrita, medios digitales y periodistas independientes a aquella que aplica para los medios audiovisuales".

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El motivo de esta resolución es que la legislación panameña prohíbe el secuestro de activos de propiedad de las empresas dueñas de medios de comunicación audiovisuales (radio y televisión), pero no el de los demás medios.

NICARAGUA

En la resolución sobre Nicaragua, la SIP condena "las acciones de hostigamiento de la policía en contra del pueblo y especialmente de los periodistas" y "el uso de cobros fiscales para castigar a los medios para tratar de terminar con ellos".

En este punto menciona especialmente al Canal 12, que transmite "uno de los dos noticieros televisados no estatales que quedan" en Nicaragua y es acosado "con reclamos fiscales millonarios e injustificados".

La organización con sede en Miami también exige que sean devueltas las instalaciones de los medios nicaragüenses Confidencial y 100% Noticias y se les permita trasmitir sus programas en la televisión abierta y por cable.

CUBA

Sobre Cuba, la SIP condenó "el agravamiento de las amenazas y restricciones al ejercicio de las libertades de prensa y de expresión" y "la manipulación de estatutos, decretos legales y constitucionales para sancionar el ejercicio del periodismo".

También, "las prácticas del Estado de persecución y hostigamiento contra periodistas y colaboradores, y sus familiares y fuentes informativas".

En los considerandos de la resolución menciona que el régimen está "utilizando el Código Penal para amenazar a los periodistas con acusaciones de desacato, propaganda enemiga, incitación a la violencia o mercenarismo por recibir salarios financiados desde el extranjero".

También destaca que los medios independientes son bloqueados y hackeados, y sus periodistas han sido detenidos, retenidos, vigilados, decomisado su equipo de trabajo, multados, amenazados y golpeados.

Otro de los considerandos es que mediante el decreto 370 se censura y monopoliza el uso de internet y que se han impuesto multas a decenas de personas por expresarse en redes sociales.

ETECSA, el monopolio de comunicación, bloqueó decenas de sitios de medios independientes y se utilizan cuentas falsas para suplantar la identidad de opositores y periodistas independientes, así como el uso de troles.

BRASIL

La resolución relativa a Brasil se refiere a la impunidad de los responsables de delitos contra periodistas y comunicadores, un tema que es objeto de una resolución aparte.

La SIP menciona los asesinatos de Lourenço Veras, conocido como Léo Veras, en febrero de 2020, y los de Aristeu Guida da Silva (1995), Manoel Leal de Oliveira (1998), Reinaldo Coutinho da Silva (1995), Edgar Lopes de Faria (1997) y José Carlos Mesquita (1998), así como la desaparición de Ivan Rocha en 1991.

La asociación formada por medios de todo el continente "solicita la actuación de las autoridades competentes con diligencia y celeridad en la investigación de los hechos y sanción a los responsables -no solo intermediarios- por amenazas y delitos contra periodistas y comunicadores".

También pide al Estado brasileño que cumpla con "todas las recomendaciones y medidas establecidas en los acuerdos sobre los casos de periodistas asesinados con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)".

Solicitar el cumplimiento del acuerdo amistoso realizado por el Estado brasileño con la CIDH que prevé la divulgación de la "Cartilha Aristeu Guida da Silva-Estándares Internacionales para la Protección de los Derechos Humanos de Periodistas y otros Comunicadores", así como la adopción de las medidas que contiene.

Otras reclamaciones apuntan a que se "garanticen las condiciones para que se lleve a cabo el juicio de los imputados por el asesinato del periodista Valério Luiz" y se reabran y reanuden "las investigaciones en casos aún impunes por delitos contra periodistas y comunicadores asesinados en el ejercicio de su profesión".

BOLIVIA

La resolución sobre Bolivia exige a los sectores movilizados contra las políticas gubernamentales de emergencia sanitaria el respeto al trabajo de los periodistas y medios de información.

También reclama a las autoridades judiciales el inicio de investigaciones serias contra los responsables de agresiones que ponen en riesgo la vida de los comunicadores.

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