La fiscal Delia de Castro, coordinadora general para la implementación del Sistema Penal Acusatorio en el Ministerio Público habló sobre el proyecto de Ley 245 sobre los acuerdo de penas por la colaboración en investigaciones.
De acuerdo con Castro hay experiencias "positivas" con la figura del acuerdo de pena dentro del Sistema Penal Acusatorio y sostiene que la herramienta permitirá al Ministerio Público desarrollar investigaciones con resultados adecuados y en tiempo muy cortos.
Señaló que si bien es cierto el proyecto de ley fue presentado en el 2015 bajo el de la la entrada en vigencia del SPA a nivel nacional, con la iniciativa se buscaba que las figura del acuerdo de pena se pudiese utilizar para los casos que estaban quedando del sistema mixto o inquisitivo reformado. Además aseguro que en su momento fue aprobado en primer debate, sin embargo no evolucionó debido a la implementación de la reforma procesal en la provincia de Panamá, Colón Darién y Panamá Oeste, lo que implica mayor trabajo porque en estas áreas se concentra la mayor cantidad de casos en todo el país.
" No tiene que ver con una empresa ni con un contexto en especial, sino con una situación de las cargas procesal y lo que tiene que ver los fiscales de descargas y los jueces liquidadores y cómo puede ayudar esa herramienta para resolver los casos ", dijo la fiscal.
Explicó que la colaboración eficaz de los acuerdos de pena puede estar basada en dos situaciones la reducción de pena que implica una rebaja en su condena por colaboración dentro del proceso o la no formulación de acusación, es decir que la sería imputada pero probablemente quede sin condena, dependiendo de las condiciones pactadas según el nivel de información y el grado de participación en la comisión del delito.
" Obviamente hay reglas internas que implican que no podemos negociar con un cabecilla de la organización, por lo menos no de inicio, habría que mirar todo el contexto para poder determinar con quién podemos negociar y que información nos va a ofrecer " dijo la coordinadora de implementación del SAP, a a vez que explicó que los el modelo de gestión del Ministerio Público establece que los acuerdos deben de ser de acuerdo a parámetros legales, proporcionales y de retribución justa.
Según Castro, luego de la negociación entre el Fiscal y la defensa del imputado que ha aceptado los hechos el acuerdo pasa a un fiscal superior que verifica que lo acordado sea proporcional y adecuad, que se haya consultado a las víctimas y que no haya indicios de corrupción y vanalidad, para luego el juez de garantía decida si el caso puede cerrase con un acuerdo de pena.
