La decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de suspender a dos magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones ha desatado un intenso debate sobre la transparencia y el funcionamiento del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en Panamá.
Durante una entrevista, el exfiscal José Abel Almengor sostuvo que la determinación adoptada por el máximo tribunal del país es una decisión soberana, pero alertó sobre los riesgos que supone cualquier intento de influir en la asignación de audiencias o en la designación de los funcionarios encargados de tomar decisiones judiciales.
“Evidentemente, lo que estaba ocurriendo era una situación en la que se pedía de manera directa que se fijaran fechas de audiencia en temas específicos. Eso en el Sistema Penal Acusatorio no puede ocurrir porque regresaríamos al Sistema Penal Inquisitivo”, señaló Almengor.
Corte Suprema nvestigan presuntas irregularidades del Sistema Penal Acusatorio
El exfiscal explicó que uno de los pilares del SPA es la aleatoriedad en la asignación de casos y audiencias, un mecanismo diseñado para garantizar la imparcialidad de los procesos y evitar cualquier tipo de influencia externa sobre las decisiones judiciales.
Según indicó, permitir que jueces, magistrados o funcionarios de las oficinas judiciales sean objeto de presiones, promesas o beneficios para adelantar audiencias representaría una seria amenaza para la credibilidad del sistema.
“Si se pierde la aleatoriedad en el Sistema Penal Acusatorio, si se permite que funcionarios de oficina judicial puedan de alguna manera ser objeto de promesas, prebendas o dinero para efectos de adelantar audiencias, estamos recorriendo un camino que difícilmente podamos echar para atrás”, advirtió.
Almengor también destacó que, en casos relacionados con el crimen organizado, la pérdida de estos mecanismos de control podría incluso convertirse en un problema de seguridad para los operadores de justicia, al exponer la identidad de quienes tienen la responsabilidad de decidir sobre procesos sensibles.
La suspensión de los dos magistrados se produce en medio de investigaciones internas realizadas por la Corte Suprema de Justicia, cuyos resultados podrían tener repercusiones importantes para la administración de justicia y la confianza ciudadana en las instituciones judiciales del país.