Defensorías de Costa Rica y Panamá urgen solución a crisis migratoria y fondos ONU

Las defensorías del pueblo de Costa Rica y Panamá trabajarán juntas en la búsqueda de una solución regional a la crisis de migrantes cubanos, haitianos y africanos que viven ambos países, y además diseñarán una propuesta para acceder a fondos de la ONU que fortalezcan su gestión al respecto.

Así lo dijeron a Efe en una entrevista conjunta la defensora de los habitantes de Costa Rica, Montserrat Solano, y el defensor del pueblo de Panamá, Alfredo Castillero, quienes sostuvieron una reunión el viernes.

"Hemos coincidido en que es necesaria una solución regional que incluya a Centroamérica. Vamos a ver cómo gestionamos una reunión de defensores involucrando a otros países claves como Brasil, Ecuador y Colombia porque este es un tema que no lo pueden resolver solo Panamá y Costa Rica", declaró Solano.

La costarricense aseguró que los países de la región deben enfocar sus esfuerzos en lograr que estas migraciones ocurran "en pleno respeto a los derechos humanos".

"Permitirles un paso con identificación, legal, contribuye a evitar que estas personas caigan en redes de trata y tráfico", dijo Solano.

Por su parte, Castillero anunció que las defensorías de Costa Rica y Panamá diseñarán una propuesta conjunta para acceder a cooperación del Fondo de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana.

"Vamos a diseñar una propuesta para someterla a consideración de las Naciones Unidas para que nuestras defensorías se beneficien del fondo y que no nos limitemos a realizar una labor de acompañamiento y de orientación en políticas públicas, sino también reforzar el modo en que atendemos la temática", comentó.

Los defensores prefirieron no ahondar en detalles sobre la propuesta, pues se encuentra en construcción.

Desde noviembre pasado Costa Rica y Panamá viven una crisis con una oleada de miles de migrantes irregulares cubanos, haitianos y extracontinentales (africanos y asiáticos), que buscan llegar a Estados Unidos en una larga travesía desde países suramericanos como Brasil, Ecuador y Colombia.

En noviembre Nicaragua le cerró la frontera a estos migrantes aduciendo razones de seguridad nacional, lo que ha generado un tapón que provoca que miles de ellos estén varados en Costa Rica y Panamá.

En abril pasado Costa Rica y Panamá concluyeron con México, y con el apoyo de El Salvador y Guatemala, un operativo para evacuar por aire a miles de cubanos para que continuaran su viaje a Estados Unidos, donde esperaban acogerse a los beneficios migratorios de la Ley de Ajuste Cubano.

Tras concluido este proceso, apareció una oleada de migrantes indocumentados que se identifican como africanos, pero que los gobiernos de ambos países sospechan que en su mayoría son haitianos que fingen otra nacionalidad para evitar procesos de deportación.

"Costa Rica se convierte en el tapón por el cierre de la frontera en Nicaragua y tenemos un problema de capacidad y abordaje", lamentó la defensora costarricense.

Solano señaló que los albergues abiertos por Costa Rica para brindar atención humanitaria funcionan bien, pero que el campamento improvisado levantado por los migrantes cerca de la frontera con Nicaragua, donde hay unos 1.800 de ellos, es "deplorable".

"Se han hecho esfuerzos pero hay un tema de desesperación de esta gente que quiere continuar su viaje (...) insisten en que quieren estar cerca de la frontera por si les abren el paso, aunque el Gobierno les ha dicho que no puede obligar a Nicaragua a que lo haga", afirmó.

Otra de las preocupaciones de Solano son los niños, pues a su juicio no se les da un seguimiento preciso y tampoco se comprueba con claridad que están acompañados por sus padres.

El defensor panameño afirmó que hay "buena intención" de los estados para garantizar los derechos de los migrantes, pero reconoció que es una problemática "compleja" que requiere de una política regional.

"Hay retos importantes porque el flujo continúa y tiende a acrecentarse más allá de las capacidades de Panamá de atenderlos con la dignidad que merecen. De ahí nuestra preocupación de que esto sea atendido de manera regional y que no se genere la vulneración de los derechos humanos, de su vida, a manos de tratantes y traficantes de personas", declaró Castillero.

Ambos defensores advirtieron que la migración es un asunto que no terminará en el corto plazo, por lo que es urgente que la región trabaje en conjunto para establecer políticas de protección.

"Lo que se requiere es una política conjunta y de largo plazo para la atención de la temática migratoria. No se puede ser reactivo porque esto va a continuar, no va a cesar mañana", concluyó Castillero.

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