El colectivo dominicano Marcha Verde, que surgió en enero de 2017 tras revelarse los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en el país, convocó a partir de del domingo a la ciudadanía y a los sectores organizados a suscribir su propuesta de 'Compromiso por el Fin de la Impunidad'.
La iniciativa, según explicó el colectivo en un comunicado, consiste en una serie de transformaciones institucionales y medidas penales orientadas a terminar "con el régimen de corrupción" que, en su opinión, encabeza el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El 'Compromiso por el Fin de la Impunidad' es un documento de 7 puntos en el que la persona u organización firmante denuncia toda práctica de corrupción y promueve y ejerce el voto consciente, de acuerdo con el comunicado de Marcha Verde, que entre 2017 y 2018 ha realizado varias marchas multitudinarias para reclamar sanciones en el caso de Odebrecht y por el fin de la impunidad.
Asimismo, se compromete a participar de las acciones y luchas que tengan el objetivo de imponer cárcel a los corruptos, cancelar los contratos del Estado dominicano con Odebrecht e investigar penalmente "la relación contractual" entre el presidente Danilo Medina y su exasesor, el publicista brasileño Joao Santana, quien guarda prisión en su país por un caso de corrupción.
Al mismo tiempo, la iniciativa apuesta por la designación de jueces independientes.
"El cambio comienza en cada uno de nosotros y nosotras. Con firma avanzamos hacia la más amplia y exitosa articulación de voluntades alrededor de la causa que une hoy a todo el pueblo dominicano: el fin de la impunidad", concluyó el colectivo en su comunicado.
Siete dominicanos, entre ellos políticos y empresarios, enfrentan un juicio tras ser acusados de recibir los 92 millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht admitió haber pagado en sobornos en el país entre 2001 y 2014.
Los imputados son los exsenadores Andrés Bautista, Roberto Rodríguez y Jesús Vásquez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición), el senador Tommy Galán y el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, ambos del PLD; el abogado Conrado Pittaluga y el empresario Ángel Rondón, a quien se atribuye el reparto de los sobornos.
El grupo está acusado de los delitos de sobornos, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Odebrecht llegó a un acuerdo con la Procuraduría por el que deberá pagar 184 millones de dólares en varias cuotas, el doble de lo entregado en sobornos.
FUENTE: EFE
