El diputado Tito Rodríguez, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) junto a Dana Castañeda

Odalis Núñez

A las 1:01 p.m de este jueves, el pleno de la Asamblea Nacional de Diputados (AN), decretó un receso hasta este lunes 17 de agosto, para continuar con la discusión en segundo debate del proyecto de Ley N° 356, que adopta un descuento a los emolumentos de determinados servidores públicos, en beneficio del Plan Panamá Solidario para la atención de los afectados por la pandemia del COVID-19 y de los servicios de Salud Pública.

El proyecto establece que los fondos de los descuentos serán destinados de manera exclusiva a las personas afectadas por la pandemia, lo mismo que para la adquisición de equipos e insumos médicos, medicamentos e inmuebles que permitirán brindar una adecuada atención a las personas que sean contagiadas con el virus.

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Durante la discusión en segundo debate, los diputados Leandro Ávila, Juan Diego Vásquez y Gabriel Silva, coincidieron que la discusión “del sensitivo proyecto” debía realizarse de manera presencial en busca de consensos a las modificaciones de algunos artículos presentados este jueves. 

Asimismo, que los diputados deben ser parte del proyecto ya que son “reducciones temporales, es el momento de mostrar solidaridad y empatía”, dijo Ávila.

El diputado independiente Silva manifestó que el Artículo 1 en particular sobre el Presidente y el Vicepresidente de la República, a quienes el proyecto establece aplicarle un descuento del 50% "es inconstitucional", y los demás artículos deben ser expandidos para incluir a diputados, administradores y demás.

Por su parte, Vásquez presentó algunas modificaciones al texto original del proyecto, quedando así: 

Artículo 2. El descuento a los gastos de representación, será aplicado de la siguiente manera:

-A los diputados de la República, Ministros y Viceministros; Directores o Subdirectores de entidades autónomas y semiautónomas; Administradores o Subadministradores de entidades autónomas y semiautónomas; Secretarios Generales de los ministerios o entidades autónomas y semiautónomas; Secretarios Ejecutivos Nacionales de la Presidencia de la República; Gerentes y Subgerentes de empresas estatales o cualquier otra entidad pública del Gobierno central, incluyendo pero no limitando: los gerentes de la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A (Etesa), de la Empresa Nacional de Autopista, S.A. (ENA), gerente Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A., administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Asesores de los Despachos Superiores de los ministerios, instituciones y entidades establecidas en la presente ley, se le aplicará un descuento del 100% de su salario y gastos de representación.

Artículo 3. Los servidores públicos que son miembros de Juntas Directivas de instituciones gubernamentales, empresas estatales o empresas con capital estatal por encima del 51%, no recibirán pago en concepto de dietas durante el periodo de vigencia de la presente ley.

Artículo 4. El Órgano Ejecutivo está obligado a rendir un informe semanal público sobre la administración y uso de los fondos que se obtengan de estos descuentos, dicho informe deberá también rendir de manera mensual ante el Pleno de la Asamblea Nacional.

Artículo 6. La presente Ley es de carácter transitorio y regirá a partir del 1 de septiembre de 2020, por un periodo de seis meses.

El diputado independiente Silva manifestó que el Artículo 1 en particular sobre el Presidente y el Vicepresidente de la República, a quien el proyecto establece aplicarle un descuento del 50% "es inconstitucional", y los demás artículos deben ser expandidos para incluir a diputados, administradores y demás.

Silva también solicitó incluir un artículo para “fiscalizar los fondos y que se asegure esté llegando el apoyo a los más necesitados”.

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