Panama Ports Company, S.A. (PPC) toma nota de la declaración emitida esta noche por el Órgano Judicial de la República de Panamá, en la que se informa que la Corte Suprema de Justicia ha decidido declarar inconstitucional la Ley N.° 5, de 16 de enero de 1997, así como otras leyes relacionadas.
Este pronunciamiento constituye el más reciente desarrollo dentro de una serie de actuaciones del Estado panameño que han impactado a PPC y a su inversionista por más de un año, y que han incluido diversas acciones inesperadas dirigidas contra la concesión y la empresa.
Durante 28 años de operación, PPC y su inversionista han invertido más de 1,800 millones de dólares en infraestructura, tecnología y desarrollo humano, una cifra que supera ampliamente la inversión realizada por cualquier otro operador portuario en el país. Estas inversiones han generado miles de empleos directos e indirectos y han sido determinantes para consolidar a Panamá como un hub portuario y logístico de referencia mundial, atrayendo a las principales líneas navieras internacionales y generando un impacto positivo para toda la nación.
La concesión otorgada a PPC fue el resultado de una licitación internacional transparente. Desde entonces, la empresa ha cumplido estrictamente con sus obligaciones contractuales y legales, incluyendo auditorías realizadas por el propio Estado, actuando en todo momento con total transparencia y plena disposición de colaboración.
El nuevo fallo, con base en la información disponible, carece de fundamento jurídico y pone en riesgo no solo a PPC y su contrato, sino también el bienestar y la estabilidad de miles de familias panameñas que dependen directa e indirectamente de la actividad portuaria. Asimismo, compromete el estado de derecho y la seguridad jurídica del país.
Esta decisión resulta diametralmente opuesta a fallos previamente emitidos por la Corte Suprema de Justicia en relación con contratos de naturaleza similar al de PPC.
La campaña sostenida del Estado panameño contra su propio marco jurídico y contractual, así como contra un concesionario e inversionista que ha actuado de manera diligente, continúa socavando la reputación de Panamá como una jurisdicción confiable y su posición como centro logístico competitivo a nivel global. La estabilidad institucional y legal, así como el respeto a los contratos, son pilares fundamentales del desarrollo sostenible y del estado de derecho.
PPC reitera su compromiso con Panamá, con sus trabajadores, con las comunidades de Balboa y Colón, y con todos los actores involucrados, compromiso que se ha reflejado en su cooperación continua con el Estado, pese a los acontecimientos registrados durante el último año. No obstante, frente a la campaña que afecta a PPC y a sus inversionistas, la compañía y su inversionista se reservan de manera expresa y permanente todos sus derechos, incluyendo el recurso a procedimientos legales nacionales e internacionales.
PPC y sus inversionistas han buscado siempre la cooperación y el diálogo con el Estado panameño y reiteran su llamado a una coordinación y consultas respetuosas, a fin de evitar disrupciones y proteger una concesión que, durante décadas, ha brindado servicios portuarios de alta calidad en beneficio de Panamá y del comercio mundial.
