Por falta de votos de diputados, el pleno de la Asamblea Nacional, con la presencia de muy pocos diputados, rechazó este jueves, en segundo debate el proyecto de Ley N°625 de Extinción de Dominio, al cierre de la legislatura del cuarto periodo. Se ordenó el archivo de la propuesta.
El proyecto Extinción de Dominio, fue aprobado en primer debate el pasado martes en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, le modificaron 41 artículos, le eliminaron otros 40 y adicionaron 35 artículos nuevos.
El proyecto de Ley apenas logró 32 votos, le faltaron cuatro votos, ya que el resto de los diputados no votaron o no asistieron. La diputada por el partido Molirena, Corina Cano, explicó que "solamente en el Pleno habíamos 32 diputados que cumplimos nuestra responsabilidad de estar allí en la discusión del proyecto de Ley de extinción de dominio".
Extinción de Dominio: Nunca avanzó la discusión en la Asamblea
El miércoles, Crispiano Adames, diputado presidente del hemiciclo, dejó entrever el aparente interés de algunos diputados en devolver este proyecto a primer debate, a pesar de que su voluntad es de que el proyecto de ley fuese discutido y debatido en el pleno.
Señalando la diputada por la curul del Molirena que "el jueves estuvimos esperando que avanzara la discusión, y cuando no hay algún diputado que quiera opinar, el reglamento nos lleva al momento de la votación".
Por otro lado, el presidente de la Asamblea Nacional, indicó "creó que la Asamblea Nacional ventilando este proyecto de ley, da muestras claras de su propósito de poder realmente limitar, demarcar y blindar el trazo operativo financiero del crimen organizado en sus diferentes variantes, en materia de narcotráfico, terrorismo, trata de personas y tráfico internacional de armas".
El proyecto de Ley establece los mecanismos legales para alcanzar los bienes ilícitos producto de delitos como narcotráfico, terrorismo, trata de personas, entre otros, excepto la corrupción, que serían investigados por una Fiscalía de Extinción de Dominio nombrada por el Procurador de la Nación.





