El Gobierno Nacional instó a la Asamblea Nacional a discutir cuanto antes el proyecto de ley sobre bioetanol, una iniciativa que, según estimaciones oficiales, dinamizaría la economía, impulsaría el sector agroindustrial y generaría más de 10 mil empleos directos y unos 20 mil indirectos, principalmente en áreas rurales.
Contenido relacionado: AND propone nuevo modelo para distribuir recursos a gobiernos locales
Gobierno pide a la Asamblea discutir el proyecto de bioetanol
Las declaraciones del ministro se dieron durante la apertura del Conversatorio Bioetanol: Generación de empleos, oportunidad para el agro e impulso para la economía, organizado por la Asociación de Azúcares y Alcoholes de Panamá (AZUCALPA) y el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP).
Orillac explicó que, mientras el proyecto es analizado por los diputados, el Gobierno mantiene acercamientos con el sector privado, la agroindustria y los productores, incluidos independientes, con el objetivo de aclarar dudas y lograr que el desarrollo del bioetanol sea un esfuerzo conjunto con alto impacto social y económico.
“Parte de lo que se ha solicitado es facilitar el financiamiento a los pequeños productores a través de la banca estatal, para que puedan integrarse a este esquema de producción. Hoy existen más de 320 productores independientes de caña de azúcar, y este número podría duplicarse”, destacó.
Panamá crece en recursos fósiles
El ministro subrayó que Panamá carece de recursos fósiles significativos y depende casi por completo de la importación de combustibles, lo que expone a la economía nacional a la volatilidad de los precios internacionales y afecta la balanza comercial. En ese contexto, el bioetanol surge como una alternativa viable dentro de una política energética sostenible.
Por su parte, Rosmer Jurado, presidente del SIP, destacó que el debate sobre el bioetanol debe darse con información, datos y visión de país, resaltando que no se trata únicamente de un combustible, sino de una cadena de valor que puede traducirse en empleo, inversión, desarrollo agroindustrial, mejor calidad del aire y mayor resiliencia energética.
“Hablamos de oportunidades concretas. Un programa de esta naturaleza puede generar empleos, impulsar la inversión en equipos, riego, ampliación de áreas cultivadas y nuevas capacidades productivas”, señaló.
Durante el conversatorio, los panelistas coincidieron en la necesidad de que el proyecto sea aprobado y debidamente reglamentado, a fin de establecer reglas claras y seguridad jurídica que garanticen el retorno de la inversión y permitan incrementar la producción de caña requerida para alcanzar los objetivos del programa.