La Comisión de Economía de la Asamblea Nacional de Panamá recibió esta mañana la representación de gremios médicos, artesanales, abogados y profesionales, quienes presentaron una propuesta para derogar la Ley 256 del 2021, que reformó las medidas tributarias de la Ley 76 de 1976.
Gremios como el sector médico indicaron que esta ley viola la privacidad médico - paciente, además señalaron que esta es una ley politiquera que se burla de la clase media alta.
"Los profesionales estamos pidiéndole a la Asamblea que derogue totalmente esta ley que han hecho a tambor batiente y que no fue consultada y que pone en vulneración la intimidad de todos los panameños. La diferencia de cómo actualmente se trabajaba, de que se trabaja con factura y se respeta la privacidad de quien se atiende con qué médico, quien da el tratamiento de embarazo y quien está en tratamiento psiquiátrico, quien hace cirugía plástica o lo que fuera, eso se mantiene allí resguardado, por decirlo así, la confidencialidad y solo se maneja el tema de ingresos y egresos con los contadores y DGI (Dirección General de Ingresos) en esta ley el gobierno de turno o el que sea va a manejar toda la información de quien fue, quien se está atendiendo y con qué médico se está atendiendo y eso es vulnerar la privacidad del paciente", indicó Fernando Castañeda, secretario de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss).
Por su parte el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz manifestó que los profesionales buscan que se les entienda y se les respete su derecho constitucional, añadiendo que no se puede poner en una misma ley a comerciantes y a profesionales liberales y a artesanos.
"Nosotros queremos que se reinvindique un derecho constitucional que ampara este sector y con este parámetro nosotros lo que esperamos es entendimiento. Los sectores profesionales estamos para producir y trabajar y no para generar estas controversias tanto tiempo, pero esperamos entendimiento o de lo contrario tenemos que seguir en una ruta de protesta", acotó Araúz.
Por su parte la vicepresidente de la Asamblea, Kayra Harding aseguró, tras la presentación de la propuesta, que se convocó a un representante de cada partido en la Comisión de Economía para que se les escuchara y se procesará el anteproyecto de los gremios.
Hay que recordar que el pasado 3 de enero se presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de la facturación electrónica ante la Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ). En ese momento los demandantes indicaron que la misma fue inconsulta, “se aprobó a tambor batiente en tres días consecutivos, sin invitar a ningún sector profesional” y desatendiendo el Artículo 40 y 17 de la Constitución de la República.