Con la presencia de los magistrados del Tribunal Electoral (TE), se instaló la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), que entre sus funciones tendrá asistir al TE en la preparación del proyecto de ley de reformas electorales para las Elecciones Generales del 5 de mayo de 2019.
Según el Decreto 43 del 11 de diciembre del 2014 , dicha Comisión ejercerá sus funciones a partir de este jueves 8 de enero y hasta que se establezca la siguiente comisión en diciembre de 2019.
La comisión estará dirigida por un magistrado del TE, Heriberto Araúz, con la colaboración del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA, por sus siglas en inglés), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y el Centro Carter.
Cabe señalar que la CNRE estará conformada por el Tribunal Electoral, el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales (universidades, sector privado, sindicatos y organizaciones no gubernamentales) y los partidos legalmente constituidos, que tendrán derecho a voz y voto, y otras once organizaciones que participarán solamente con derecho a voz.
Las otras entidades participantes, son: Órgano Ejecutivo, la Asamblea Nacional, la Fiscalía Electoral, la Defensoría del Pueblo, Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, Asociación de Parlamentarias y exparlamentarias de Panamá y el Frente Nacional para la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso).
Asimismo, el Foro de las Juventudes y el Foro de las Etnias Indígenas, así como el director Nacional de Organización Electoral del TE y quienes reciban cortesía de sala.
En este nuevo debate se desea incorporar el proyecto de reformas electorales que quedó pendiente de aprobación por parte de la Asamblea Nacional en el 2012, ya que recoge aspectos sumamente fundamentales para avanzar en la construcción de mejores políticas electorales.
Uno de los aspectos cuestionados durante la pasada elecciones generales, fue el elevado costo de la campaña electoral y entre las recomendaciones planteadas por la Misión de Observación Electoral, destacan: que Panamá debe regular el financiamiento (público y privado) de las campañas políticas.
También se enfatizó en la ausencia de topes de campaña y la falta de transparencia en la divulgación del origen de los ingresos de los partidos políticos.