El procurador de la Administración, Rigoberto González indicó que, además de su reconocimiento constitucional, la libertad de pensamiento y expresión son un derecho garantizado por tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos ratificados por Panamá.
La reacción de González surge luego de que el Tribunal Electoral (TE) emitió un pronunciamiento sobre el movimiento “no a la reelección” promovido por ciudadanos.
Según el TE, toda persona puede hacer campaña cívica, pero ésta debe ser generalizada, sin identificar a ningún candidato o partido en particular, ya sea pagando o no.
En una carta dirigida al magistrado presidente del TE, Heriberto Araúz, González cita el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
El artículo 19 señala que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, ese derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones.
Mientras que el artículo 13 indica que el derecho a la libertad de pensamiento y expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en una forma impresa, y no puede estar sujeto a censura.
González también citó pronuciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la libertad de expresión en procesos electorales, y señaló que los mismos tienen por objetivo que los servidores públicos los tengan presentes en las actividades que llevan a cabo.
La diputada oficialista, Katleen Levy, quien aspira a la reelección, pidió a los magistrados revisar supuestos ataques en redes sociales, en medio del movimiento cívico que promueve la no reelección de diputados.
