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Panamá 26 de enero de 2026 - 11:31

Diputado Luis Eduardo Camacho cuestiona contratos de basura en San Miguelito

El diputado Luis Eduardo Camacho señala inconsistencias millonarias en contratos de basura y pide claridad sobre el rol de la Contraloría y la tasa de aseo.

Por Christopher Perez

El diputado de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho Castro, lanzó fuertes cuestionamientos sobre la gestión de la recolección de basura en San Miguelito, al asegurar que existen inconsistencias numéricas, posibles conflictos empresariales y decisiones que, a su juicio, requieren explicaciones públicas por parte de la Alcaldía.

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Diputado Luis Eduardo Camacho: "la matemática que no da"

Camacho afirmó que la Contraloría mantiene observaciones sobre contratos que, según dijo, fueron fraccionados por debajo de los 50 mil dólares para evitar el refrendo central. Detalló que tres compañías recibían contratos mensuales de 50 mil balboas cada una, lo que suma 150 mil dólares al mes y 900 mil en seis meses, mientras que la Alcaldía pretendía una contratación directa por 3.9 millones de dólares. “La matemática no da”, sostuvo.

El diputado también se refirió a la decisión de la Contraloría de reducir el tope de refrendo de 50 mil a mil dólares para la Alcaldía de San Miguelito, señalando que la medida responde a dudas sobre la transparencia del proceso y a empresas cuestionadas por el ente fiscalizador.

Tasa de aseo, Autoridad de Aseo y nuevas polémicas

Según Camacho, el problema de fondo no es solo la recolección, sino el control de la tasa de aseo. Aseguró que la alcaldesa rechazó una propuesta de la Autoridad de Aseo para asumir el servicio porque implicaba transferir ese ingreso. Además, planteó reabrir el debate sobre si la Autoridad de Aseo debe encargarse del servicio a nivel nacional, incluso mediante concesiones.

El diputado también cuestionó que dos de las tres empresas consideradas para una contratación directa pertenezcan al mismo grupo empresarial y criticó declaraciones del representante Javier Valverde, al señalar que, de existir un intento de soborno, correspondía denunciarlo formalmente.

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