MADRID, ( AFP ). Imputado en un caso de corrupción que sacudió a la monarquía española, el yerno de Juan Carlos I, Iñaki Urdangarin, y un exsocio, debían entregar antes del miércoles a medianoche los ocho millones de euros de una fianza civil que les impuso la justicia y ellos recurrieron.
El duque de Palma, esposo de la hija menor del rey de España, y su exsocio Diego Torres están siendo investigados por presunta malversación de fondos públicos a través de una sociedad sin fines de lucro, el Instituto Noos, que el yerno del monarca presidió entre 2004 y 2006.
El juez que instruye el caso decidió el pasado miércoles imponerles conjuntamente "una fianza por importe de 8.189.448,44 euros para responder de las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse en su contra".
Considerando que el objetivo de Urdangarin y Torres "no es otro que el de desviar fondos públicos en beneficio propio o ajeno", la fiscalía asegura que estos cerca de 11 millones de dólares corresponden a lo que Noos cobró de los gobiernos regionales de Baleares y Valencia (este) por la organización de acontecimientos deportivos.
No se trata por lo tanto de una fianza para evitar la prisión --ambos están en libertad en espera del fin de la investigación-- sino de un depósito que debería cubrir el supuesto daño patrimonial a las finanzas públicas.
El abogado de Urdangarin presentó el martes un recurso en el que, entre otros argumentos, pide que se reduzca el monto a depositar porque desembolsar tal cantidad representaría un "injusto empobrecimiento" para su cliente.
El letrado aseguró asimismo ante la prensa estudiar un posible recurso ante el Tribunal Constitucional español para lograr la anulación del procedimiento por vulneración de los derechos de la defensa.
De momento, Torres también recurrió la fianza, según una fuente judicial de Palma de Mallorca, en las islas Baleares, donde se instruye el caso.
Sin embargo, esto no les exime de pagar el importe, para lo que el juez les había dado hasta la medianoche del miércoles, advirtiéndoles que "de no hacerlo en el plazo indicado, se procederá al embargo de sus bienes en cantidad suficiente para cubrirla".
Si el dinero no llega, una vez cumplida la fecha el juzgado "procede a buscar bienes de las personas que no han pagado y cuando localiza estos bienes, a través de la agencia tributaria, de las administraciones públicas, procede a los embargos", explicó la fuente judicial.
Sin embargo, "no es una cosa rápida", precisó. "No es que mañana le van a embargar el palacete, porque es un proceso lento", agregó, puntualizando: "podría tardar meses".
Urdangarin, de 45 años, excampeón olímpico de balonmano, y la infanta Cristina, de 47, con quien está casado desde 1997, poseen un palacete en Barcelona por el que, según la prensa española, pagaron casi seis millones de euros.
Pese a que siempre negó haber cometido ningún delito, las acusaciones en su contra dañaron gravemente la imagen de la familia real española en un contexto de grave crisis económica y de incesantes escándalos de corrupción y fraude entre las élites política y económica del país.
La semana pasada, también se vio imputado en el caso Noos un alto funcionario de la Casa Real, Carlos García Revenga, secretario personal de las infantas Cristina y Elena.
Según un sondeo publicado en enero por el diario conservador El Mundo, el apoyo a la monarquía en España cayó a un mínimo histórico de 54%.
Urdangarin fue apartado de los actos públicos de la familia real a finales de 2011 y recientemente fue suprimida su página en la web oficial de la Casa del Rey.