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BOLIVIA Internacionales -  1 de septiembre de 2014 - 18:17

Un tribunal niega permiso para salir de Bolivia a candidato a Vicepresidencia

Un tribunal boliviano rechazó hoy la petición del candidato a la Vicepresidencia Ernesto Suárez para salir del país, lo que tiene prohibido desde 2010 a causa de una investigación por corrupción.

Suárez, compañero de fórmula del empresario Samuel Doria Medina, solicitó la suspensión temporal de esa prohibición para poder hacer campaña fuera del país, pero el Juzgado de Instrucción Segundo Cautelar de Trinidad, la capital del departamento de Beni, le negó la petición, informó la Fiscalía General del Estado.

La fiscal departamental de Beni, Willma Blass Ibáñez, señaló que la solicitud fue rechazada porque no se sujetó a la normativa procesal ni constitucional y porque la defensa no la sustentó jurídicamente, según la nota del Ministerio Público.

Suárez, exgobernador de Beni, y otras autoridades fueron denunciados en 2009 por la Contraloría General por supuestos gastos irregulares en la organización de un referendo autonómico que supuso un gasto de más de 469.000 dólares, consulta que el Gobierno de Evo Morales calificó de ilegal y separatista.

En esa consulta, el estatuto autonómico departamental de Beni impulsado por líderes opositores a Morales logró un respaldo superior al 80 %.

Además de Suárez, la Contraloría ha denunciado al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, y a los exprefectos de Tarija Mario Cossío y de Pando Leopoldo Fernández, por el supuesto daño económico causado a sus regiones con la realización de similares referendos.

Costas y los tres gobernadores destituidos han denunciado que estos procesos fueron parte de una ofensiva del Gobierno de Evo Morales contra adversarios que lo derrotaron en las urnas, para hacerse del control de las gobernaciones.

También han asegurado que son víctimas de una persecución política y judicial por parte del Ejecutivo, algo que las autoridades nacionales han negado siempre.

La fiscal Blass sostuvo hoy que "en ningún momento (se) está ejerciendo persecución política, sólo se está cumpliendo con la ley" ante un "delito de corrupción y tomando en cuenta que la víctima es el mismo Estado".

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