A principios de marzo, la cuidadosamente cultivada coalición hispana del presidente Barack Obama estaba empezando a fracturarse.
La iniciativa de ley para una reforma migratoria integral estaba empantanada en el Capitolio. Las deportaciones se acercaban a los dos millones durante el mandato de Obama. Y el presidente se resistía a los exhortos de activistas para que usara su poder ejecutivo para atender el asunto.
Las críticas llovían sobre la Casa Blanca. Obama citó a tres renombrados legisladores hispanos a la Oficina Oval para decirles que instruiría al secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson para que estudiara maneras de que el gobierno pudiera aplicar las leyes de inmigración "de una manera más humana".
Esa orden desencadenó un periodo de intensas deliberaciones sobre el alcance del poder ejecutivo y disputas políticas entre la Casa Blanca y los demócratas sobre las repercusiones que tendrían las potencialmente provocadoras acciones ejecutivas en las elecciones legislativas intermedias.
