La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay pidió hoy al presidente, Horacio Cartes, el veto total a un proyecto de ley aprobado por el Parlamento que busca convertir en reserva las tierras donde en 2012 murieron 17 personas en la masacre que causó la destitución del presidente Fernando Lugo.
La Coordinadora de Derechos Humanos (Codehupy) manifestó su posición en contra del proyecto y pidió una audiencia con Cartes para exponer al mandatario su argumentación.
El proyecto, aprobado por ambas cámaras del Parlamento paraguayo, fue remitido al Gobierno para su sanción como ley o su veto, y Cartes solicitó esta semana un segundo informe jurídico sobre el texto.
La Codehupy expresó que la titularidad de las tierras donde sucedió la masacre está en litigio entre el Estado paraguayo y los herederos de Blas Riquelme, un histórico dirigente del gobernante Partido Colorado durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
Pese a ello, el texto del proyecto acepta que la empresa Campos Morombí, propiedad de la familia Riquelme, done la finca de Marina Kue al Estado paraguayo.
La Codehupy considera que el Estado, al aceptar esta donación, "asume inapropiadamente que la citada finca es propiedad de la empresa Campos Morombí", aunque es el Poder Judicial quien debe definir la titularidad del terreno.
Alerta además de que el Poder Legislativo, a través de la aprobación del proyecto, y el Poder Ejecutivo, si llegara a promulgar la ley, ponen en riesgo la independencia del Poder Judicial, en contra de lo expresado en la constitución paraguaya.
Las organizaciones defensoras de Derechos Humanos integradas en Codehupy también recordaron que la finca fue donada en 1967 por la empresa La Industrial Paraguaya al Estado, que la utilizó hasta 1999 para las prácticas de un destacamento de la Armada, razón por la que se conoce a las tierras como Marina Kue.
Agregaron además que estas tierras fueron declaradas de interés social y destinadas a la reforma agraria por un decreto presidencial emitido en 2004.
Las tierras nunca fueron inscritas a nombre del Estado paraguayo debido, según Codehupy, a ciertas acciones irregulares de varios magistrados en acciones judiciales promovidas por la empresa Campos Morombí.
La Comisión de Verdad y Justicia, por su parte, consideró en su informe de 2008 que se trata de tierras mal habidas, como se conoce en Paraguay a los terrenos apropiados de manera irregular, en especial en la época de la dictadura.
Por todo ello, Codehupy solicitó a Cartes que rechace el proyecto de creación de la reserva, un pedido que también elevaron representantes de la Iglesia católica, como el monseñor Melanio Medina, durante una audiencia con el mandatario el pasado jueves en la residencia presidencial.
La masacre de Curuguaty, en la que en 2012 murieron once campesinos y seis policías durante un tiroteo originado en un violento desalojo de labriegos, provocó una semana más tarde la destitución del entonces presidente, Fernando Lugo, en un controvertido juicio político.
El juicio a los campesinos acusados de la masacre fue suspendido este miércoles por decimosexta vez, después de que los defensores recusaran al tribunal por su presunta parcialidad en la causa.
FUENTE: EFE