Meses antes de su muerte, la activista Berta Cáceres denunció que estaba recibiendo amenazas de muerte relacionadas con las protestas que organizaba en torno a un proyecto hidroeléctrico en tierras ancestrales de la comunidad indígena lenca.
El tres de marzo, individuos armados ingresaron por la fuerza a la casa de Cáceres durante la noche, le dispararon cuatro veces y también hirieron a un activista mexicano que se hizo pasar por muerto. El asesinato generó condenas y pedidos de una investigación independiente, en parte por la prominencia internacional que había logrado Cáceres al ganar el prestigioso Premio Ambiental Goldman.
La muerte de Cáceres estuvo rodeada de un manto de misterio hasta el lunes, cuando las autoridades detuvieron a cuatro personas, incluido un empleado de seguridad que trabajaba para Desarrollos Energéticos SA, o DESA, la empresa a cargo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. El hecho de que los detenidos tengan lazos con DESA y con el ejército no sorprende a los familiares y allegados a Cáceres, quienes sospechan desde hace tiempo que la compañía y funcionarios del gobierno y de las fuerzas armadas hondureñas están involucrados en el asesinato.
Documentos judiciales de 2014, que no habían trascendido hasta ahora, indican que el gobierno y DESA trataron reiteradas veces de empañar la imagen de Cáceres y de sus colegas, pintándolos como anarquistas violentos deseosos de aterrorizar a la población con sus protestas en el sitio del proyecto. En presentaciones que pedían la prohibición de las manifestaciones, Cáceres y otros dos líderes de su organización son acusados de "usurpación, coacción y daños continuados", e incluso de socavar el orden democrático.
Los activistas dicen que el lenguaje fuerte ayudó a generar un clima hostil muy peligroso, que asocian directamente con el asesinato.
"Estos documentos van mucho más allá de demostrar el desprecio que la empresa sentía hacia Berta Cáceres y su organización", dijo Billy Kyte, activista de la organización defensora del medio ambiente Global Withess, basada en Londres, que obtuvo los documentos judiciales a través de abogados que trabajaron con allegados a Cáceres, quienes los compartieron exclusivamente con The Associated Press.
"Muestran una compañía dispuesta a hacer lo que sea para neutralizar a quienes se oponen a sus negocios", dijo. "El hostigamiento legal y las amenazas... son un duro recordatorio de los enormes riesgos que corren los activistas en Honduras".
FUENTE: AP
