Italia aprobó este viernes la creación de catorce tribunales especializados en materia migratoria y contratará expertos en esos temas con el fin de gestionar mejor el creciente flujo de migrantes de África y Asia.
Las medidas entrarán en vigor tras la aprobación por el Parlamento y excluyen entre otros asuntos la posibilidad de presentar recurso a aquellos a quienes les denegaron el asilo.
Las solicitudes de asilo en Italia pasaron de 23.620 en 2013 a 123.482 en 2016, por lo que el gobierno decidió agilizar la concesión del derecho de asilo y al mismo tiempo facilitar los mecanismos de repatriación para los que no tienen derecho.
"El fenómeno de la migración es muy complejo, está aumentando y los migrantes provienen de países muy diferentes entre sí", explicó el ministro de Justicia, Andrea Orlando, en una rueda de prensa al ilustrar la creación de tribunales especializados.
La respuesta a una solicitud de asilo en Italia dura entre 167 a 268 días, un plazo de tiempo durante el cual el migrante vive en una suerte de limbo, sin papeles ni trabajo.
"Con este decreto queremos impulsar un nuevo modelo de acogida", explicó el ministro del Interior, Marco Minniti.
El Estado italiano aporta 35 euros al día para cada persona que solicita asilo, lo que equivale a más de 6 millones de euros diarios, dado que actualmente acoge a unos 175.000 migrantes, de los cuales cerca del 40% obtiene un permiso de estadía.
El gobierno además contempla contratar a 250 expertos que formarán parte de las comisiones que analizarán las solicitudes de asilo, entre ellos especializados en asuntos internacionales y derecho humanitario.
"Se trata de una medida muy buena. La pedíamos desde hace mucho tiempo. Vamos a participar en esas comisiones y vamos a aportar para la formación de más personal", reconoció por su parte Carlotta Sami, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Las solicitudes de asilo serán examinadas de ahora en adelante por los catorce juzgados especializados, lo que evitará recurrir a la justicia ordinaria, con todas sus etapas y no prevé que se pueda recurrir a la corte de casación.
"No hemos reducido garantías. Los casos estarán en manos de jueces que conocen bien el fenómeno migratorio", explicó Orlando.
Las nuevas medidas forman parte del plan para frenar la llegada de migrantes, que incluye la expulsión de los ilegales y la posibilidad para el que pide asilo de trabajar como voluntario en labores socialmente útiles para la colectividad mientras espera respuesta a su solicitud.
"Colman así el vacío de la espera", explicó el ministro.
Paralelamente, el gobierno creará en todas las regiones de la península "Centros Permanentes para la Repatriación", en total 20, todos de reducidas dimensiones y con capacidad máxima para 1.600 personas.
La llegada en solo 2016 de 181.283 migrantes, un 15% más respecto con respecto a 2015 y un promedio de 60 desembarcos al día en el primer mes de 2017, preocupa a las autoridades, conscientes de que el fenómeno no tiende a detenerse.
FUENTE: AFP